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Ante el debate de enmiendas a la totalidad en el Congreso de los Diputados los próximos días 25 y 26 de abril, desde la USO se alerta de la insuficiencia de las partidas para los sectores que han sufrido más directamente los recortes o la exclusión social durante la crisis y, aunque valorando algunas cuestiones como positivas, asegura que ser bautizados como “sociales”, “de la recuperación” o con cualquier otro tipo de eufemismo es cuanto menos electoralista.

El análisis de USO es que el proyecto PGE nace bajo la premisa de reducción del déficit público, con el objetivo de alcanzar el 2,2% del PIB, previendo un descenso de la deuda pública de todas las administraciones hasta el 97,6%, así como una bajada del pago de intereses de la deuda un 1,9%. Asimismo, contempla un incremento de ingresos, fruto del crecimiento económico que no llega a la mayoría de la sociedad, anunciándose una mayor recaudación tributaria (por IRPF un 6,5%; el IVA, un 5,6%; y el Impuesto de Sociedades, un 4,8%). Sin embargo, la contrapartida que se está vendiendo como “histórica”, además de no contemplar ni de lejos lo perdido durante estos últimos diez años de ajustes, son desproporcionadas en negativo a esas futuras buenas previsiones, como en Sanidad y Educación, que se incrementa el gasto tan solo en un 3,9% y un 3% respectivamente; o para el sistema de autonomía y atención a la dependencia, que asciende a un 3,4%. O para las pensiones, que subirán un 0,25%; las especialmente bajas de viudedad, solo un 2%; y las más que tienen bases más bajas, un muy escaso 3%.

El alcance de la rebaja impositiva en el IRPF dirigida a las familias, la ayuda a la natalidad y a las personas con menos rentas, la exención elevando el umbral hasta los 14.000 euros y la rebaja para los comprendidos hasta los 18.000 es positivo como intención, pero muy reducido en cuantías, teniendo en cuenta la evolución de los salarios sufrida y la pérdida de poder adquisitivo acumulado.

USO defienda el deber de plantear en su conjunto el perverso sistema de bonificaciones a la contratación, que también incrementa su partida en los presupuestos, y que ha terminado fomentando aún más la precariedad. De esta forma, ahora hay que bonificar de nuevo para intentar convertir en indefinidos los contratos para la formación y el aprendizaje firmados con jóvenes beneficiarios de la ayuda económica de acompañamiento.

Joaquín Pérez, secretario general de la USO, lamenta que “se pierde la oportunidad de presentar unos presupuestos que de verdad vuelquen hacia la ciudadanía la mejora de la economía de la que tanto escuchamos hablar y que no llega. Fomentar el empleo de calidad debería ser la prioridad absoluta de estos PGE, pues es lo que repercutiría directamente en las cotizaciones para las pensiones, en no tener que pagar desempleo y subsidios, y en la creación indirecta de más puestos de trabajo a través de la reactivación del consumo interno, pero para ello no se acometen las políticas globales que lo harían posible”.

Más allá de las partidas principales, como son la Seguridad Social y las transferencias a las Administraciones Autonómicas, “no podemos vivir en un país en el que tantos colectivos están en el umbral de la pobreza y que la mayor partida siga siendo el pago de la deuda pública. Algo pasa cuando el pago de la deuda está recogida como derecho fundamental y la renta mínima, las pensiones o la dependencia se consideran un derecho legislable en función del momento”, critica Joaquín Pérez.

Por último, USO anima a que en el trámite de los presupuestos para este año los grupos políticos sean capaces de ponerse de acuerdo y dejarse por una vez de réditos políticos, y que se centren en priorizar políticas efectivas para los 3,9 millones de personas inscritas en el Servicio de Empleo y, especialmente, para más de la mitad de ellos, que no disponen de prestación. Que trabajen por el diseño y fomento de un nuevo sistema productivo que incremente realmente la calidad del empleo, con más medios para la persecución del fraude laboral y los incumplimientos en materia de seguridad y salud laboral, con medidas en favor de la igualdad real y la conciliación en todos los ámbitos, así como la revisión del sistema fiscal que mejore las condiciones de vida de toda la sociedad.