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En diciembre de 2014, la USO convocó una jornada de movilización a nivel estatal para mostrar su rechazo a la propuesta de Presupuestos Generales del Estado (PGE), reivindicando entonces y ahora, que los presupuestos debieran estar al servicio de las personas, de la vida y del trabajo de las mismas, y no de las políticas de recortes y austeridad que nos han llevado a la actual y persistente situación de crisis económica, democrática, social y del empleo.

Para nuestra organización, los PGE, deben ser un instrumento esencial para corregir las desigualdades que, tras siete años de crisis económica y de políticas ineficaces y de recortes antisociales, han aumentado de forma alarmante en nuestra sociedad.

Los PGE para 2015 fueron elaborados a partir de un cuadro macroeconómico condicionado por factores externos que los convertían en inviables, desde USO denunciábamos entonces que contenían una serie de medidas que debieran modificarse para dotarlos de un mayor contenido social de manera que la ciudadanía dejase de ser la que con su sacrificio siga cuadrando las cuentas del Estado.

Estamos en agosto de 2015 y nos encontramos con una tramitación de PGE nunca vista en la democracia española, ante la convocatoria de unas elecciones generales a finales de año, donde el gobierno pretende que durante el mes de agosto se aprueben de manera precipitada y con la mayor parte de la ciudadanía con la desconexión propia de las vacaciones, siendo además unos PGE que no tiene la garantía de gestionar y administrar.

Esta maniobra de evidente tinte electoralista y que parece contar únicamente con el apoyo del partido de gobierno, se está intentando presentar como los presupuestos de la recuperación, sociales y con reducción de impuestos, pero la realidad es bien distinta: si se eliminan las cifras correspondientes a las pensiones que se han incrementado por el envejecimiento de la población, el gasto social se reduce en 2016 más de un 5%, comparando con el presupuesto de 2015 y casi un 26% con respecto a 2011.

Además la USO considera importante alertar de cómo va a recaudar el gobierno los fondos para financiar esa supuesta política social con los ingresos actuales y a costa de qué: con toda seguridad se seguirá vaciando el Fondo de Reserva de las Pensiones. Parece más un juego de trileros, pues el principal problema que es la creación de empleo estable y de calidad, sigue sin resolverse: la media de recaudación por ingresos en las cotizaciones a la Seguridad Social en 2011 era de 8.700 millones mensuales, y ahora no llega a 8.300 millones pese a que hay 26.000 afiliados más. Empleo precario y bajos salarios no es la solución ni para la salida de la crisis ni para la estabilización y solvencia del sistema, son parches y números, política cutre de miras a corto plazo.

Unos “presupuestos sociales” con más de 750 mil hogares sin ningún ingreso en nuestro país y que reducen un 21,7% la partida destinada a las prestaciones por desempleo, uno de los principales dramas que está padeciendo la sociedad española y que está condenando a las personas desempleadas de larga duración que se encuentran sin cobertura a la exclusión social y la pobreza, y a nuestros jóvenes a la dependencia crónica y la imposibilidad de su desarrollo vital.