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El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy los Presupuestos Generales del Estado para 2018, ya a mitad de año, sobre la base de los presentados por el anterior Gobierno. Desde USO, valoramos ante todo el ejercicio de responsabilidad política que supone aprobar las cuentas para dar estabilidad en un momento de tanta convulsión como ha sido el de este cambio de Ejecutivo. Sin embargo, no son las cuentas que necesita el conjunto de la sociedad española.

Se siguen poniendo parches en el Sistema Público de Pensiones, sin afrontar el verdadero problema, que es no empobrecer a nuestros jubilados presentes y garantizar el cobro de las pensiones futuras mediante su blindaje en la Constitución. A principios de año, los pensionistas estaban condenados a una nueva “subida” del 0,25%, revisándose finalmente en función del IPC tras la negociación parlamentaria del anterior Gobierno y tras las movilizaciones y presión social. Una decisión de mínimos que, sin embargo, no debería depender de los vaivenes partidistas, ya que no existe ningún compromiso para que en los años venideros esta subida se mantenga.

Además de los pensionistas, otro de los grandes colectivos que ha padecido la política de recortes y congelaciones de los últimos años han sido los funcionarios. Desde USO, somos muy críticos con considerar “subida” al pacto firmado para este trienio y cuya financiación para 2018 recoge esta Ley de Presupuestos, pues no podemos llamar subida a unos porcentajes que no permiten que los funcionarios recuperen tantos años de sustracción de derechos. Lo mismo ocurre con el empleo público. A pesar de que las grandes convocatorias anunciadas a bombo y platillo son un balón de oxígeno para plantillas cada vez más escuetas y sobrecargadas, la propia estructura envejecida de la Administración requiere de una entrada de funcionarios más numerosa de la propuesta tras tantos años de congelación de acceso.

En materia de igualdad, hemos visto satisfecha nuestra demanda de que se dotara con lo prometido la partida relativa al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que, de lo contrario, quedaría vacío de contenido. El marco de los Presupuestos no resuelve otro tipo de reivindicaciones de la USO, como la obligatoriedad de los planes de igualdad en todo tipo de empresas, como en cambio sí ha ocurrido con el respaldo en el Congreso con respecto a los permisos igualitarios. Queda en el tintero la necesidad de tomar muchas más medidas en cuanto a empleo femenino, pues la brecha de género se está acrecentando con el inicio de la recuperación, ya que las cifras del paro y los sueldos están mejorando a dos velocidades, en función del sexo.

El empleo, en general, que debería llevar años centrando las políticas de un país que lleva diez años en crisis, es el gran olvidado de las partidas claras y efectivas para potenciarlo, tanto en cantidad como en calidad. El apartado correspondiente a formación para el empleo ya viene viciado por el propio sistema de formación que los trabajadores padecemos, igual de ineficaz y de baja calidad que el anterior, en el que prima más quiénes gestionan esas subvenciones que los destinatarios de esas acciones. Igualmente, deseamos que la dotación para el Plan de Garantía Juvenil no se quede en una mera declaración con poco recorrido efectivo y mínima inserción laboral de nuestros jóvenes, y que de verdad sea efectivo.

Por último, y a pesar de las múltiples partidas a analizar, USO destaca que se beneficie fiscalmente a las rentas más bajas. Sin embargo, estas modificaciones en el IRPF deben ser solo el inicio, ya que España requiere un profundo cambio fiscal que grave las nuevas realidades de la economía, que persiga de forma decidida la economía sumergida y el fraude, y que permita garantizar un futuro sostenible y no cuestionable del Estado del Bienestar.