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El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 y cuyas principales políticas ya analizamos cuando el documento llegó a sede parlamentaria, nos lleva, en un estudio más pormenorizado, a conocer las cifras macroeconómicas que el Gobierno contempla para este año.

En él, puede observarse cómo la previsión de crecimiento para 2019 se sitúa en el 2,2% del PIB, pero, a su vez, el documento contemplaba un 2,6% al cierre de 2018 que, sin embargo, según las últimas oficiales y a falta de cierre, iba a ser del 2,4%. “A pesar de su optimismo, está claro que el Gobierno asume que se ha acabado el período expansivo e incluso los porcentajes pueden ser inferiores a los presupuestados. Sin embargo, esta bonanza macroeconómica no se ha aprovechado para acometer las reformas necesarias para redistribuir esa mejora de la economía entre empresas y trabajadores, y ahora la desaceleración va a ser una nueva excusa para paralizar las subidas salariales y la recuperación de los derechos laborales”, vaticina Joaquín Pérez, secretario general de USO.

Según el cuadro macroeconómico,  en 2019 decaerá tanto el consumo privado como el público en más de medio punto. “La gente ya está viendo el repliegue económico sin haberse recuperado y se está conteniendo en el gasto para contar con un colchón de ahorros. La crisis aún está demasiado reciente y muchas familias no la han superado. Pero las grandes líneas maestras de la política no aprenden de los errores y de nuevo se quiere vender un ajuste y contención, cuando fue precisamente la expansión del consumo la que ayudó a recuperar la economía y el empleo en los servicios”, continúa Joaquín Pérez.

En cuanto al capítulo de ingresos impositivos, el secretario general de USO valora que “se atisba un intento de hacer un reparto más equitativo de la riqueza a través de nuevas fórmulas de fiscalidad. Por ejemplo, ya se contemplan gravámenes a las economías digitales, a la banca o a las empresas de hidrocarburos. Sin embargo, hay otra partida de ingresos, como la que respecta a la Seguridad Social, cuyas previsiones están en el aire: se supone que crecerán las cotizaciones porque mejora el empleo y se ha subido el SMI. Sin embargo, ya ha quedado patente que la bajada del paro y la firma de contratos no supone una creación neta de empleo de calidad, y que la subida del SMI, por sí sola, no hace que automáticamente todo el mundo esté cobrando, al menos, 900 euros”.

La partida de gastos supone un leve giro hacia una política más social, “pero ahí existe cierta incertidumbre, ya que el Gobierno se está planteando dos sendas de déficit, la prevista por el anterior Ejecutivo y la considerada por sus cuentas. La diferencia entre ambas supone más de 6.000 millones. Por lo cual, si se aprobasen los Presupuestos en las Cámaras, pero Bruselas no admitiese el déficit, existiría un serio problema para financiar esas políticas”, expone Joaquín Pérez. Entre las partidas del gasto social, destacan la imprescindible subida de las pensiones ligada al IPC, la eliminación del copago farmacéutico para las rentas más bajas y la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad.