Joaquín Pérez, secretario general de USO, analiza los principales desafíos laborales de 2025: subidas del SMI, reducción de jornada, igualdad y más
A las puertas de 2025, el secretario general de USO, Joaquín Pérez, destaca los principales desafíos que marcarán la agenda laboral de este nuevo año. Desde la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta reformas clave en la normativa laboral, el panorama exige medidas decididas para garantizar derechos y equidad en el ámbito laboral.
Pérez subraya la importancia de estas reformas para construir un mercado laboral más justo y equitativo. “El 2025 tiene que ser un año decisivo para avanzar en derechos laborales y combatir desigualdades históricas. Las medidas deberán aplicarse con ambición y sin margen para la exclusión”, recalca el secretario general.
Subida del SMI: hacia los 1.190 euros mensuales
El SMI volverá a subir en 2025. No hay fecha ni porcentaje de incremento cerrado pero las propuestas sugieren un aumento del 5 %, lo que situaría el salario mínimo en torno a los 1.190 euros mensuales. De esta manera se continuaría consolidando el compromiso del Gobierno de acercar el SMI con el 60 % del salario medio, según lo establece la Carta Social Europea.
El incremento de los salarios más bajos busca paliar el impacto de la inflación y garantizar condiciones laborales más dignas a alrededor de dos millones y medio de personas trabajadoras. Los últimos informes sobre pobreza son contundentes: hay más trabajadores pobres y con bajos ingresos, la UE nos alerta de la vergonzosa tasa de pobreza infantil.
Reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales
Una de las medidas más esperadas de 2025 es la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, previsiblemente de forma progresiva. A pesar de conocerse ya el anteproyecto de reducción de jornada quedan muchas dudas sobre su aplicación y posibles flexibilidades, y cómo se materializará la mejora de la conciliación y productividad. El Gobierno ha propuesto reforzar el control sindical en los registros horarios, digitalizándolos y facilitando su acceso a la Inspección de Trabajo.
En este sentido, desde USO hemos presentado alegaciones al proyecto de ley de reducción de la duración máxima de la jornada de trabajo, en la que apostamos por el hecho de que esta medida, tan necesaria, no implique una disminución salarial ni de beneficios sociales, se acompañe de medidas de control por parte de Inspección de Trabajo, un registro horario realmente eficiente que no pueda manipularse y la protección del derecho a la desconexión digital, entre otras cuestiones.
Esta medida beneficiaría de forma especial a los trabajadores con jornada parcial, que verían incrementado el salario realizando la misma jornada. Por supuesto, es fundamental el refuerzo de la inspección y el incremento de las sanciones por incumplimiento en esta materia.
Reforma de la indemnización por despido improcedente
El Gobierno tiene otro reto laboral para 2025: negociar en la mesa de diálogo social cómo garantizar indemnizaciones más justas. Entre las opciones que se barajan se encuentra volver a los 45 días de salario por año trabajado; establecer un mínimo adecuado para aquellos trabajadores con poca antigüedad, evitando que se siga utilizando el contrato indefinido como un contrato temporal, o calcular el daño real del despido en función de factores como antigüedad, edad y formación.
El gran pinchazo de las dos últimas reformas laborales ha sido en especial este tema, el despido en España es fácil y barato. Es necesario también poner encima de la mesa el despido individual y colectivo, asignatura pendiente de la última reforma que supuestamente venía rectificar lo más lesivo de la de 2012.
Fin de la extinción automática de contratos por discapacidad
Otro anuncio pendiente de aprobación es la reforma del artículo 49.1.e del Estatuto de los Trabajadores. Con ella, se eliminará la declaración de grado de discapacidad como causa automática de extinción del contrato de trabajo. Esto permitirá a las personas trabajadoras decidir entre adaptar su puesto o cambiarlo por otro, según las condiciones laborales disponibles.
Esta es una medida que desde USO llevamos demandando muchos años y que permitirá a mucha gente no ser excluido y en muchos casos expulsado del mercado laboral para siempre.
Planes de igualdad y LGTBI y reducción de la brecha salarial
La trasposición de la Directiva UE 2023/970 traerá cambios significativos en los planes de igualdad en las empresas. Entre ellas, la obligación por parte de las empresas de publicar la brecha salarial en sus páginas webs; justificar diferencias salariales superiores al 5% y reforzar la transparencia retributiva desde el inicio del proceso de selección.
El Real Decreto 1026/2024 marca un antes y un después en la igualdad y no discriminación del colectivo LGTBI. Las empresas con más de 50 trabajadores deberán negociar planes específicos antes de abril de 2025, con acciones concretas para garantizar un entorno inclusivo y respetuoso. El primer semestre de 2025 marcará un momento decisivo en el que se tendrán que ir aprobando estos planes LGTBI en las empresas.
Medidas contra la siniestralidad laboral
En 2024, se anunciaron los trabajos desde el Diálogo Social para revisar y proponer una reforma de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, no se ha anunciado ningún avance al respecto. De lo que sí que ha habido anuncios y mucho debate ha sido sobre el absentismo laboral y el lanzamiento de globos sonda de medidas orientadas a la reducción de las bajas laborales por la vía del recorte de derechos de las personas trabajadoras.
Se ha retomado el mensaje de criminalización y acusación de fraude generalizado en la IT a trabajadores y facultativos. En USO, echamos en falta en este debate un análisis en el que se aborden los fallos en la prevención, la falta de reconocimiento del origen laboral de muchas de las IT que las mutuas consideran comunes o cómo afectan las condiciones de trabajo y la precariedad a las personas trabajadoras. Estos temas fundamentales nunca se debaten: solo se habla de recorte del gasto a costa de la salud y ampliar las competencias de las mutuas para que lo lleven a cabo, como se hizo con la Ley de Mutuas en 2014.
Desde USO seguimos reclamando que la seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadores sea una prioridad para gobierno, administraciones y empresas en 2025. No podemos normalizar que murieran, en 2023, 721 trabajadores y trabajadoras, dos al día, en accidentes en el trabajo o en el camino de ida y vuelta del mismo o que, de enero a octubre de 2024, hayamos alcanzado la escalofriante cifra de 664 muertes en accidente laboral.
Para este próximo año desde USO volvemos a exigir un Pacto de Estado contra la Siniestralidad Laboral, en el que se tengan en cuenta las propuestas de todos los agentes implicados; se revise la normativa, se aumente la inversión para luchar contra esta lacra y posibilite una mayor coordinación entre administración médica, Mutuas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Inspección de Trabajo, prevencionistas, representantes de los trabajadores y la Fiscalía de Salud y Seguridad en el Trabajo.
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