Las negociaciones sobre un Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos (al que se puede unir Canadá) y la Unión Europea (en sus siglas inglesas TTIP) cada vez tiene más críticas de sindicatos y otras organizaciones sociales en lo que se ha visto en una reunión abierta de Alter Sunmmit junto con otras organizaciones en Bruselas, en las que ha participado Santiago González en representación de la USO. La reunión celebrada el 12 de marzo ha tenido como oradora introductoria a Susan George, a la que acompañaron sindicalistas como Penny Clarke de EPSU, la Federación Europea de Servicios Públicos y Mike Dolan, del Sindicato de Conductores de Estados Unidos.
Las críticas son debidas fundamentalmente a tres elementos:
– la opacidad de las negociaciones, sin que haya sesiones informativas y rendición de cuentas sobre la marcha de las negociaciones;
– la participación en las negociaciones de cientos o miles de equipos de defensores de las grandes corporaciones y nula presencia de sindicatos y otras organizaciones que pudieran compensar el sesgo corporativo;
– el propósito declarado de abrir los mercados de ambas orillas del Atlántico, forjando una alianza que une los dos tercios del PIB mundial y del comercio que obligaría al resto del mundo a aceptar sus estándares comerciales y productivos.
Esto último, se teme que seria a la baja en los planos laborales, normas ambientales, de consumo y agresivas en propiedad intelectual y sobretodo en la “protección de inversiones”.
Estados Unidos no ha ratificado seis de las ocho Convenciones fundamentales de la OIT; sus trabajadores medios no tienen vacaciones pagadas en la misma medida que los trabajadores europeos, no hay una universalización de la Seguridad Social, etc.
La agricultura europea tiene un rendimiento menor a las extensiones de las granjas estadounidenses y sus productos llegan con menos aditivos.
Las normas contra la contaminación en Europa son más fuertes y las industrias más eficientes. Pero el tamaño de las corporaciones estadounidenses es más elevado y con una capacidad de compra y liquidez superior.
El nivel de impuestos a las empresas en Estados Unidos es menor, por lo que los servicios públicos tienen menos presupuesto y seria una tentación reducir los impuestos europeos, poniendo en peligro la universalidad de ciertos servicios públicos.
Y hay otra razón de más importancia porque dibuja el traslado del poder de los Estados a las corporaciones: el acuerdo de protección de inversiones. Por lo que se filtra informativamente, privilegia el comercio y la búsqueda de beneficios privados, sobre la capacidad legislativa de los Estados, pudiendo litigar en una corte de arbitraje, no judicial, una empresa contra el cambio legislativo en un Estado. De hecho, se pusieron ejemplos de empresas que ya estaban litigando porque no podían extraer oro por usar mercurio, prohibido por su alta contaminación, o por haber rechazado la energía nuclear o cambiar la remuneración de la energía obtenida por paneles solares en España.
Todos esos elementos apuntaban a que se viera la necesidad de mayores confluencias organizativas y que los sindicatos nacionales y la CES se pronunciasen sobre su rechazo.
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