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Desde USO llevamos años denunciándolo: El sistema de prevención de riesgos laborales en nuestro país no está funcionando. El año 2015 se ha saldado con 518.988 accidentes con baja en el trabajo, 27.889 más que el año pasado, de los cuales 608 han sido mortales. Los accidentes de trabajo han causado 28 muertos más que el año pasado.

Estas cifras hacen más que cuestionable el sistema preventivo de nuestro país. Se ha convertido la prevención de riesgos en un negocio más; muchas empresas sólo buscan en el servicio de prevención que contratan que sea el más barato, importando poco la calidad que ofrecen, y así la calidad del servicio se ha ido deteriorando. La prevención se convierte en un mero papeleo, y lo único que importa es que si viene una inspección los papeles estén bien, sin importar si realmente se están evitando los accidentes y las enfermedades profesionales.

Cuando el accidente o la enfermedad llegan a producirse, entran en juego las Mutuas, que parecen haber adquirido la misión de “ayudar” a las empresas, negando siempre el origen laboral del accidente o enfermedad, a fin de evitar el gasto en medidas preventivas y evitar cualquier sanción que pudiese imponer la Inspección de Trabajo. Es un hecho constatado que a partir de 2007 los accidentes de trabajo sin baja han superado siempre a los accidentes con baja, algo que no había ocurrido desde que se tienen datos. En concreto, el pasado año 2015 se notificaron 714.930 accidentes sin baja frente a 518.988 con baja.

No creemos que precisamente esto se deba a que exista hoy en día mayor conciencia de la importancia de notificar los accidentes sin baja, más bien lo que nuestra experiencia nos dice es que las personas accidentadas acuden a la Mutua y como allí se les niega la baja, acaban en el servicio público de salud y, de haber baja, es por enfermedad común.

Las trabajadoras y los trabajadores estamos sufriendo cada día el despropósito en las políticas preventivas, la falta de inversión y en términos generales, la dejadez por parte de ciertas administraciones públicas en materia de prevención.

Parte de la legislación sobre riesgos laborales es ambigua, mucha está desactualizada, o es incompleta, como pasa con los riesgos ergonómicos, o directamente ni existe, por ejemplo en cuanto a los riesgos psicosociales.

En otros casos, como ocurre con la Incapacidad Temporal, la legislación está desarrollada y pensada para el interés de la patronal, maltratándonos como trabajadores, y como pacientes, ya que al ocultar accidentes y enfermedades profesionales, no sólo no se ponen las medidas preventivas, si no que no se accede a los derechos que nos corresponden por sufrir una dolencia derivada del trabajo.

La insuficiente inversión por parte del Gobierno, limita mucho la labor de la inspección de trabajo y se hace imprescindible la labor de denuncia por parte de los delegados de prevención, como única alternativa para obligar a las empresas a actuar en relación a los riesgos laborales.

El incremento de los índices de siniestralidad debe ser acicate para incrementar el gasto en prevención por parte de la administración, reforzando a la inspección de trabajo para obligar a las empresas a evitar los riesgos laborales y a protegernos a los trabajadores y trabajadoras de esta sangría que tantas vidas se está llevando por delante y tanto sufrimiento y enfermedad está causando.

A día de hoy el trabajo de los delegados y delegadas de prevención, el apoyo y asesoramiento que prestan a los compañeros, sus reclamaciones en el comité de seguridad y salud, la lucha que llevan a cabo por sacar a la luz los accidentes y enfermedades profesionales en sus empresas, las denuncias a inspección y la colaboración con los institutos regionales de prevención es el sustento fundamental de la protección de la salud en la trabajo, frente a la dejadez de instituciones y las empresas.
Según la legislación española, el empresario es el principal garante y el responsable de la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio. Sin embargo, desde la USO hemos comprobado cómo son más seguras y saludables aquellas empresas dónde hay delegados de prevención.

Para ejercer adecuadamente su labor los delegados y delegadas de prevención tienen que estar adecuadamente formados y asesorados, por ello desde la USO, no nos cansaremos de apoyarlos y poner en valor su trabajo, porque sabemos que su labor beneficia a sus compañeros y por ende al conjunto de la sociedad. Por ello seguiremos trabajando para que estén informados de todas las novedades legislativas, formados sobre todos los aspectos de interés para llevar a cabo su labor y apoyados y asesorados.

Por otro lado seguiremos reclamando a las administraciones públicas, especialmente al nuevo Gobierno que finalmente se constituya, que tenga como prioridad la protección de la salud de los trabajadores y trabajadoras, acabando con la precariedad, legislando sobre los aspectos en los que aún estamos desprotegidos, y dando un giro total a la gestión de las mutuas y la incapacidad temporal.

Esta última medida es especialmente relevante puesto que no podemos continuar en esta dinámica de negación y la invisibilidad que son la tónica general en lo referente de los daños derivados del trabajo. Las empresas deben dejar de esconder los problemas debajo de la alfombra en connivencia con la administraciones públicas, puesto que la política de ocultación de los problemas de salud derivados del trabajo lo único que está consiguiendo es agravar el problema.

El ejemplo más doloroso de negación del daño de origen laboral que tenemos en nuestro país es el causado por el amianto. Desde 1976 se sabía que podía provocar mesotelioma y carcinoma de pulmón, pero no fue prohibido en España hasta 2002, y a día de hoy sigue causando la muerte de trabajadores y familiares. Si desde que se conocía que el amianto era cancerígeno se hubiese prohibido su uso en nuestro país se hubieran salvado muchas vidas.

Desde USO no queremos más amiantos, ni más invisibilidad de las muertes y enfermedades causadas por el trabajo, porque sabemos que son muchas más de las que se reconocen. Seguiremos denunciando cada incumplimiento, porque creemos en unas condiciones de trabajo dignas y, como no puede ser menos, seguras, y para ello seguiremos apoyando la imprescindible labor de las delegadas y delegados de prevención.

¡NI UNA MUERTE MÁS EN EL TRABAJO!