Salud laboral

Desde USO llevamos años denunciando la peligrosa tendencia de aumento de la siniestralidad laboral que se lleva produciendo desde 2012. La precarización de las condiciones laborales, el recorte radical de la inversión en materia de prevención y las últimas reformas que criminalizan la incapacidad temporal, dando control y mandato de ahorro de costes a las mutuas, son algunos de los factores determinantes que han provocado este aumento constante de la siniestralidad en nuestro país.

Según el avance del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el año 2016 se produjeron 555.722 accidentes de trabajo con baja, un 5% más que los ocurridos en 2015, de los cuales 480.051 ocurrieron durante la jornada laboral y 75.671 fueron accidentes in itinere. Es decir, se producen subidas del 4,8% en los accidentes en jornada y del 6,2% en los accidentes in itinere. Como única noticia positiva resaltar que en 2016 se han reducido las muertes por accidente de trabajo en un 3,5% con respecto a 2015. Aún así, hay que lamentar el fallecimiento de 607 personas en el trabajo o en el trayecto de ida y vuelta del mismo.

Hay que destacar en esta tendencia de aumento de la siniestralidad, que uno de los parámetros más fiables, como es el índice de siniestralidad, que no se ve influido por la tasa de empleo, ya que se trata del ratio de accidentes laborales por cada 100.000 afiliados a la Seguridad, sigue aumentando desde los 2.948,90 de 2012 a los 3.252 de 2016 en todos los sectores, aunque el que tiene mayor índice de incidencia, a pesar de la destrucción de empleo que ha sufrido, es el de la construcción. Esto indica que, efectivamente, a día de hoy, ir a trabajar tiene más riesgos que en años anteriores.

Si en los accidentes laborales la alarma está en el aumento, en lo que respecta a las enfermedades profesionales nuestra preocupación se centra en el reducido número de las que se declaran. La infradeclaración de las enfermedades profesionales está provocada por una regulación restrictiva y obsoleta y las trabas de las Mutuas. Se oculta la realidad de este fenómeno y provoca que acaben considerándose como contingencia común, con las repercusiones que ello implica para el trabajador -que sufre pérdida económica-, su entorno laboral -las enfermedades que no se declaran no se previenen- y el sistema público de salud -que debe asumir unos casos que debieran estar bajo la gestión de las mutuas-.
Desde USO enfocamos nuestra campaña de este Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, a las desigualdades y la situación de precariedad que se produce dependiendo del tipo de contrato que se tenga, ya que determina que las medidas de prevención de riesgos sean mínimas o inexistentes.

En esta ocasión, queremos poner especial enfásis en la seguridad y la salud laboral de los colectivos más vulnerables: trabajadores y trabajadoras temporales, cedidos por Empresas de Trabajo Temporal, trabajadores de contratas y subcontratas, etc. Por ello el lema de nuestra campaña es “Mismo riesgo, misma prevención” porque los riesgos a los que estamos expuestos no entienden de relaciones contractuales; el cumplimiento de la legislación y la implantación de medidas de prevención deben ser igual de efectivas y escrupulosas para todos y todas.

Desde USO, venimos advirtiendo desde el inicio de la crisis, que la creación de empleo no puede hacerse a costa de la salud de los trabajadores. El 37% del total de accidentes en jornada en 2015 le ocurrieron a trabajadores temporales. Mientras que el 25,14% de los accidentes afectaron a trabajadores con contratos indefinidos, con lo que se constata que el trabajo temporal es más peligroso.

La siniestralidad laboral y la temporalidad se concentra más en PYMES y micropymes, empresas menos sindicalizadas y que gran parte de ellas son contratas y subcontratas de grandes empresas o Administraciones Públicas. Mención especial merece la situación que sufren los trabajadores y trabajadoras de contratas y subcontratas que realizan la misma actividad que la empresa principal, con la misma exposición a los riesgos y en condiciones de desigualdad frente a los riesgos laborales.

En los últimos años, hemos detectado un aumento muy importante del número de trabajadores cedidos por ETT y de su siniestralidad: 59.000 trabajadores más en 2016 que en 2014. De forma paralela, en el mismo periodo, el índice de incidencia de accidentes en trabajadores cedidos se ha incrementado en 86 puntos. Debe convertirse en una prioridad para los delegados y delegadas de prevención la vigilancia de sus condiciones de trabajo y el asesoramiento de estos trabajadores y trabajadoras.

Desde USO hacemos nuestras las palabras del informe anual 2015 de la Inspección de Trabajo, que certifica que la organización preventiva en las empresas y la gestión de la prevención en las mismas siguen presentando deficiencias como en años anteriores. Se siguen realizando evaluaciones de riesgos de carácter genérico o que no se adecuan a las particularidades de los riesgos y las actividades de los centros de trabajo.

Por otra parte, el proceso de concentración que han experimentado los servicios de prevención ajenos de riesgos laborales y la necesidad de rentabilizarlos en términos económicos no conduce a que éstos realicen, con la eficacia deseable, las actuaciones de asesoramiento y apoyo a la empresa en el cumplimiento de sus obligaciones preventivas. Esto es especialmente preocupante en determinadas actividades preventivas de los SPA, como son las de vigilancia de la salud o formación preventiva a los trabajadores, donde se constatan deficiencias graves.

En muchos casos prevalece el interés por evitar la sanción mediante el recurso a la obtención de certificados o pruebas que acrediten la cobertura formal de determinados extremos antes que el cumplimiento real y efectivo de las obligaciones, lo que redundaría notablemente en una mejora de las condiciones de trabajo y de la calidad en el empleo.

La USO sigue centrando su foco de atención en la reivindicación de la figura del Delegado de Prevención y en la necesidad de que trabajadores y trabajadoras tomen un papel activo a la hora de exigir unas adecuadas condiciones de trabajo. Así mismo, exigimos a las Administraciones Públicas que, mediante sus mecanismos de control y a través de una ampliación de recursos humanos coordinados y efectivos, consiga estructurar un sistema global de prevención, que permita erradicar la siniestralidad y precariedad laboral que todavía hoy sufren un elevado número de trabajadores y trabajadoras

Porque el trabajo no nos puede costar la salud, ni la vida.
Ni una muerte más en el trabajo.