, Salud laboral

Un año más, desde USO conmemoramos el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, denunciando el aumento de la siniestralidad laboral y el ocultamiento de las enfermedades profesionales en nuestro país, sin que se produzca un debate social al respecto, sin que el hecho de que perdamos la vida y la salud en el trabajo esté en la agenda política, ni dentro de las prioridades de las distintas administraciones públicas. Por ello, desde USO decimos,bien alto, “Con la Prevención no se juega”.

En 2017, fueron 618 los trabajadores y trabajadoras que perdieron la vida en su jornada laboral o en el trayecto de ida o vuelta del trabajo. Ascendieron a 583.425 los accidentes con baja y a 738.584 los accidentes sin baja. Todo ello supone, respecto a 2016, un aumento del número de muertes en el trabajo del 4%; el del número de accidentes con baja, un 5%. Si estos datos de por sí son suficientemente alarmantes, más inquietante aún es la tendencia al alza consolidada de la
accidentalidad en España en el último lustro.

Los números no engañan y, aunque haya quienes los justifiquen con base en la creación de nuevos
puestos de trabajo tras un largo periodo de crisis y destrucción de empleo, los datos señalados son un contundente indicador de que la recuperación de la economía española no ha ido acompañada de una mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, sino todo lo contrario: los trabajos son cada vez más precarios y más inseguros.

Suspenso en siniestralidad laboral

¿Por qué nuestro país sigue suspendiendo en accidentalidad? Pese a contar con una ley en materia preventiva de más de 20 años de antigüedad y el reconocimiento manifiesto en la Constitución de 1978 del derecho a la protección de la salud, así como del deber de los poderes públicos de velar por unas adecuadas condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, cada año aumentan los accidentes laborales y las dolencias derivadas del trabajo, pese a no ser reconocidas.

A ese respecto, desde USO llevamos años denunciando que el sistema preventivo con el que contamos no está funcionando por múltiples motivos. Estos son algunos de los factores que están
cercenando las posibilidades reales de crear empresas más seguras y saludables en España:

  • Tejido empresarial con escasez de medios y apoyos en materia preventiva. Como bien es sabido, en España, buena parte de la población que integra el mercado laboral pertenece a PYMES o ejerce laboralmente actividades de forma autónoma. Ello implica, en la mayoría de los casos, una muy limitada presencia de representación sindical, de medios técnicos, humanos y económicos para ejercer el trabajo de forma segura, estando la organización del trabajo mermada preventivamente y condicionada en lo competitivo por un entorno de mercado exigente en el que se precisa una adaptación continua para
    subsistir de forma sostenida en el tiempo.
  • Exceso de subcontrataciones. Derivada en muchos casos de la escasez de medios suficientes, las
    empresas recurren con asiduidad a la figura de la subcontratación para resolver necesidades que
    requieren en su contexto productivo. El abuso sistemático de esta figura y las cadenas de subcontratación fomentan, en general, unas peores condiciones de seguridad y salud en, precisamente, aquellas y aquellos que deben ejecutar los servicios subcontratados. La falta de medios en la organización del trabajo invita sistemáticamente a la subcontratación y, a su vez, el aumento de subcontrataciones o su concurrencia en los lugares de trabajo dificulta una organización del trabajo segura.
  • Temporalidad en el empleo. Si bien el ordenamiento jurídico español consagra el carácter excepcional de la contratación temporal, gran parte de los empleos de nueva creación se corresponden con contratos temporales o de duración determinada. Los “contratos por horas” o de escasa duración –además de la precariedad que llevan asociada– obligan a un exigente control en materia de PRL que muchas veces se ve comprometido, en aspectos preventivos claves para una organización del trabajo saludable, tales como la información, la formación o la vigilancia de la salud.
  • Externalización de las actividades preventivas. El hecho de que el principal núcleo empresarial en nuestro país esté integrado por empresas de reducida plantilla redunda en que estas, de forma mayoritaria, subcontraten a servicios de prevención ajenos (SPA) para salvar las obligaciones legales que establece la Ley 31/1995. No obstante, hay actividades que ineludiblemente implican un compromiso activo y continuo por la empresa para que, allí donde se realice el trabajo, se lleve a cabo de forma segura. La inacción corporativa al no ejercer actuaciones imprescindibles en la ejecución del mismo -tales como la vigilancia, el control y la supervisión de las tarea- y la poca operatividad de recurrir sistemáticamente a un servicio externo para cumplir en cada momento con lo previsto en la normativa de PRL suelen conducir a organizaciones del trabajo poco eficientes en materia de seguridad.
  • Deterioro progresivo en la calidad de las actuaciones de los SPA. El hecho de que un mayoritario numero de empresas recurran a los servicios de prevención ajenos como modalidad organizativa y la compra en los últimos años de las sociedades de prevención ha derivado en un escenario de “mercadeo” en el que, de una parte, los empresarios habitualmente apuestan por aquel SPA que les supone unos menores costes anuales y, de otro lado, los SPA apuestan por la política de “tirar precios” para mantener su clientela y captar nuevos clientes. Ello, a su vez, deriva en que los profesionales clave de los SPA en el desarrollo de las actividades preventivas concertadas cuenten cada vez con menos medios para su correcta realización y, en consecuencia, en que su aportación para fomentar organizaciones del trabajo comprometidas con la PRL resulte cada vez más limitada y de peor calidad.
  • Legislación actual sobre Mutuas e Incapacidad Temporal. Su aplicación ha derivado reiteradamente en numerosas trabas por las Mutuas y el INSS para el reconocimiento de daños de origen laboral. Ello se traduce en que en los últimos años muchas personas afectadas por estos han terminado desistiendo en sus actuaciones para verlos reconocidos, y también en que numerosas sentencias judiciales han reconocido como accidentes de trabajo (AT) o enfermedades profesionales (EP) daños que anteriormente habían sido denegados a quienes los sufrieron. En ese sentido, la abundante jurisprudencia surgida a raíz de las controversias jurídicas creadas es un reflejo del “ocultamiento” de AT y EP que se está produciendo. Y, por consiguiente, de que el modelo legislativo actual en este campo no funciona; ya que, pese a los preocupantes datos estadísticos de aumento de accidentalidad en España, estos no incluyen a muchos otros daños que también se materializan. Así, el no identificarlos supone una barrera para poder prevenirlos adecuadamente en un futuro, lo que hace más difícil lograr organizaciones del trabajo eficientes en la lucha preventiva contra los mismos.
  • Adjudicación de contratos públicos al menor coste. En el ámbito de contrataciones en las Administraciones Públicas, la elección recurrente por estas de adjudicar trabajos a quien propone ofrecerlos por menor cuantía deriva en un deterioro de la calidad de los servicios públicos, que se traduce en que estos se realicen por entidades con organizaciones del trabajo precarias en las que quienes los ejecutan cuenten con menos medios y estén preventivamente más desprotegidos.

Desde USO alertamos de la necesidad de actuar con urgencia sobre todos estos factores, los cuales están incidiendo de forma muy negativa en nuestra sociedad, tanto en términos de merma de la salud de la población trabajadora como en términos de detrimento del resto de sus derechos y expectativas laborales futuras.

No queremos la precarización ni la temporalidad como fórmulas de generación de empleo. No queremos el “ocultamiento” de accidentes y enfermedades como política pública de mejora preventiva. No queremos que quienes sufren daños de origen laboral queden desprotegidos socialmente. No queremos que las cadenas de subcontratación pongan en riesgo a trabajadoras y trabajadores. No queremos que la puja contractual en el mercado de los servicios de prevención ajenos mercadee con el derecho a la protección de la salud. No queremos que quienes prestan servicios para las Administraciones Públicas o ejecutan sus contratos estén menos protegidos. No queremos que el año 2018 acabe con otro nuevo incremento de la accidentalidad. Es por ello que seguiremos denunciando cada incumplimiento como vía para combatir aquello que atenta gravemente contra los derechos de trabajadoras y trabajadores.

Desde USO queremos un trabajo más digno, más estable, más seguro, más saludable y protegido USO socialmente,resaltando el rol activo de trabajadoras y trabajadores en este largo camino a recorrer. En consecuencia, y por todo lo anterior, entendemos que es necesario poner de relieve el papel de los delegados y delegadas de prevención para la mejora de las condiciones laborales en los centros de trabajo y para promover actuaciones que en definitiva la hagan más saludable.

¡¡Porque el trabajo no nos debe costar ni la salud ni la vida!! Con la Prevención no se juega!!