Salud laboral

Este año la conmemoración del 28A, Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, está totalmente condicionada por el estallido de la crisis sanitaria provocada por el covid-19. Aunque esta pandemia mundial está afectando a toda la ciudadanía, son las personas trabajadoras quienes se encuentran en primera línea.

Desde USO, dentro de la iniciativa lanzada por la Confederación Sindical Internacional (CSI), nos unimos a las más de 300 organizaciones afiliadas a la CSI en 162 países y que representamos a más de 200 millones trabajadores y trabajadoras, en el homenaje a los que están exponiéndose en sus puestos de trabajo haciendo que todo funcione y para recordar a todas las personas que han muerto, enfermado o se han lesionado realizando su trabajo.

La crisis sanitaria ha puesto en evidencia las grietas y desigualdades de nuestro mercado laboral y la fragilidad y carencias del sistema preventivo. Desde el inicio de la pandemia desde USO hemos tenido que realizar múltiples denuncias, en las que ha tenido que intervenir en algunos casos la policía, y paralizaciones de actividad debido a que, a pesar de las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, empresas y, en muchos casos administraciones públicas, no adoptan las mínimas medidas de prevención, ni dan los equipos de protección necesarios.

28A, recortes en prevención que perjudican a los trabajadores

A lo largo de estos años de crisis se ha debilitado el ya de por si frágil sistema preventivo, la mayor parte de las empresas han recortado la inversión en prevención. De las que contaban con servicios propios de prevención, han reducido personal y recursos. Desde USO denunciamos la precariedad laboral y la sobrecarga de trabajo de los técnicos del SPA que les impide realizar su labor, en condiciones de normalidad, situación que se agrava profundamente, al verse desbordados sin medios materiales, ni humanos en una crisis sanitaria como la que estamos padeciendo.

Durante los últimos años hemos denunciado, e Inspección de Trabajo ha ratificado estas denuncias en sus informes, que se está realizando prevención “sobre el papel” con la única finalidad de evitar ser sancionados. Esta situación, unida a la precariedad laboral estructural de nuestro sistema basado en la temporalidad, suponen un grave problema social, que se ha traducido en peores condiciones de trabajo, precariedad y, desde 2013, un aumento sostenido de la siniestralidad laboral.

28A, seguimos exigiendo EPI para los trabajadores de los sectores más precarizados

Los datos previos a la pandemia, nos demuestra que hay una gran “brecha” en cuanto a los niveles de protección en el trabajo entre las contrataciones temporales y las fijas, provocando que los trabajadores temporales y los cedidos por ETT sufran más accidentes laborales. Así mismo, hay sectores más precarizados como, limpieza, contact center, comercio, seguridad privada, ayuda a domicilio, residencias de mayores, logística, transporte, agropecuario, etc. Que, por regla general, tienen mayores carencias en materia de prevención de riesgos y suelen ser los más olvidados.

La crisis sanitaria por COVID-19, ha convertido a estos sectores más precarizados y con poco reconocimiento social en actividades esenciales y sectores protagonistas, junto con el personal sanitario, no sanitario y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Con lo que las fuertes carencias en materia de prevención que ya sufrían previas a la pandemia se han multiplicado por mil en esta crisis poniendo de relieve el riesgo continuo a la que se ven expuestos estos trabajadores y trabajadoras.

Desde USO, ya el 16 de marzo, solicitamos mediante un escrito registrado al Ministerio de Trabajo, la paralización de la actividad presencial de los centros de trabajo, de los sectores no considerados esenciales y necesarios para el abastecimiento y prestación de servicios básicos a la ciudadanía, basándonos en la defensa del derecho fundamental a la salud de los trabajadores y trabajadoras por la imposibilidad, en la situación actual, de cumplir con los mínimos establecidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

En ese escrito también exigíamos, que los trabajadores y trabajadoras de los servicios considerados esenciales e imprescindibles para garantizar el abastecimiento y los servicios básicos, puedan desarrollar su importante labor en unas condiciones laborales seguras, en las que se cumpla a rajatabla las medidas de prevención de riesgos laborales a fin de que se pueda evitar su contagio y la propagación del virus.

Riesgos laborales de la vuelta a la actividad presencial

En la actualidad vemos con preocupación los riesgos de la vuelta a la actividad presencial, tras el período de paralización de actividad no esencial que, finalmente decretó el gobierno del 30 de marzo al 9 de abril.
A la falta de medidas de protección, se une la inseguridad en las medidas de cobertura social, dada la naturaleza de la pandemia, era necesario dar respuesta tanto a las personas contagiadas ya diagnosticadas como para quienes están a la espera de diagnóstico en aislamiento preventivo. Sanidad reconoció, el 2 de marzo a través de un criterio publicado, ambas situaciones como baja laboral por contingencia común.

Desde USO reclamamos que se calificara como accidente de trabajo y, posteriormente en el RD Ley 6/2020 se reconoció la incapacidad temporal como situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica, por desgracia, si en ese periodo de baja se tiene la desgracia de fallecer, esa muerte es considerada por enfermedad común y no como accidente de trabajo. Por lo que USO ha solicitado a Seguridad Social reconozca el fallecimiento por Covid-19 como accidente de trabajo.

Más de 600.000 accidentes de trabajo en 2019

A pesar de la situación excepcional que vivimos, no podemos dejar de denunciar que en 2019 se produjeron 600.622 accidentes de trabajo con baja de los que 517.404 se produjeron en jornada y 83.218, ocurrieron in itinere, aumentando, un año más, en un 1,7% la siniestralidad laboral.

Durante 2019 hemos tenido que lamentar el fallecimiento de 475 personas durante su jornada de trabajo y 146 en el trayecto de ida y vuelta del mismo. En este caso, la siniestralidad laboral da un leve respiro, descendiendo ligeramente los accidentes mortales frente a 2018, desde USO creemos que siguen siendo cifras inasumibles e inaceptables. Es muy significativo que, el año 2019, las empresas que superaron los límites de siniestralidad fueron 269, frente a las 244 empresas detectadas a lo largo del año 2018.

Con respecto a las Enfermedades Profesionales, continua la infradeclaración de estas dolencias, aunque durante 2019 se notificaron un total de 27.343 partes o expedientes de enfermedad profesionales de los que el 52% eran mujeres.

Desde USO continuamos reivindicando la figura de los delegados y delegadas de Prevención, quienes son, sobre todo en estos momentos de emergencia sanitaria, la única figura que vela por el cumplimiento de la ley y se hace imprescindible su labor de denuncia como única alternativa para obligar a las empresas y a las administraciones públicas a actuar frente los riesgos laborales.

En estos momentos tan críticos es más necesario que nunca de gobierno, administraciones públicas, Inspección de Trabajo, sindicatos, delegados de Prevención y trabajadores y trabajadoras, unamos nuestras fuerzas para superar esta crisis sanitaria, para poner el derecho a la salud y la seguridad en el trabajo por encima de otros intereses y para conseguir detener esta pandemia en el trabajo.

28A ¡Ni una muerte más en el trabajo! ¡STOP pandemia en el trabajo!