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Miembros del comité de empresa de una de las unidades de producción de la Hullera Vasco Leonesa han decidido encerrarse en el Ayuntamiento de La Robla para reclamar atención y medidas urgentes para los trabajadores afectados por el ERE inminente de extinción.

En la reunión de una de las unidades de producción de la Hullera Vasco Leonesa con el alcalde de La Robla, Santiago Dorado, los representantes de los trabajadores le han trasladado al regidor de la corporación local que, tras reunirse con miembros del gobierno socialista en León, se les había dejado clara la situación de emergencia que padecían.

En dicha reunión, los responsables políticos habían calmado a los delegados sindicales asegurándoles que se tomarían medidas en favor de la estabilidad del sector y de sus puestos de trabajo. Sin embargo, “el batacazo ha sido aún mayor”, se queja el secretario general de USO en Castilla y León, Marco Antonio Martínez. “La decisión de eliminar el céntimo verde al gas natural, también energía fósil, supone una competencia desleal contra el carbón y la situación de las unidades de producción que podían ser competitivas queda en una cuerda todavía más floja”.

En la reunión con el alcalde de La Robla, el presidente del comité de empresa, José Luis Villanueva, ahonda en que “al Ministerio se le ha trasladado, en las reuniones mantenidas en Madrid con los representantes del Instituto del Carbón, que la posibilidad de incorporar a todos los trabajadores que cumplan los requisitos en el Plan Social es competencia nacional, y no europea, y que así lo establece el artículo 4 de la Directiva que regula la reestructuración del carbón”.

Por lo tanto, continúa Marco Antonio Martínez, “el Ministerio no puede escudarse en Bruselas para dejar tirados a todos estos trabajadores afectados por una situación de emergencia y que pueden ser amparados bajo el paraguas del Plan Social”.

Mañana, en una nueva reunión con el Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón, una delegación de la Federación de Industria de USO y de USO Castilla y León volverán a poner sobre la mesa la inminente necesidad de acción por parte de las autoridades para amortiguar las peores consecuencias de la transición energética.