Acción Sindical

Más de 115.000 tuits respaldaron una nueva movilización digital de la Federación de Enseñanza de USO con el objetivo de paralizar la tramitación de la nueva Ley de Educación, la LOMLOE

Con el hashtag #paremoslaleyCelaá, 115.000 tuits han dicho no a la nueva ley de educación. La elevada paticipación de personas y organizaciones diversas han puesto de manifiesto la enorme preocupación social que existe ante la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Educación en las circunstancias actuales.

Las cifras de la movilización de ayer muestran un rotundo éxito que viene a sumarse al obtenido el pasado 4 de mayo, cuando más de 100.000 tuits apoyaron la campaña #StopLeyCelaá.

FEUSO, que forma parte de la Plataforma Concertados, considera que la Ley de Educación no puede ser aprobada en estos momentos y, además, contiene muchos elementos que impiden el necesario consenso, al lesionar y limitar las libertades y derechos de las familias y los centros.

Nuevo consenso del contenido de la Ley de Educación

FEUSO, junto con la Plataforma Concertados, defiende que el Gobierno debería escuchar y reflexionar sobre su empeño en aprobar con tanta urgencia una Ley de Educación que no va a tener el suficiente consenso y apoyo social. Se corre el riesgo de tener una ley que durará lo que permanezca este Gobierno.

Organizar y preparar el cuso escolar 2020-2021 es lo urgente en estos momentos. No es acertado que, sin saber aun cómo se va a organizar y desarrollar un curso que se prevé complejo, se intente aprobar una nueva ley de educación en cuyo desarrollo y aplicación también habrá que trabajar mucho en los próximos meses. Administraciones, titulares de centros y profesionales deben centrar todos sus esfuerzos para reducir y paliar los efectos que la crisis sanitaria y económica está teniendo sobre el alumnado.

Por tanto, no es urgente aprobar en este momento este Proyecto de Ley de Educación. Debe paralizarse su trámite parlamentario.

FEUSO considera que la Educación debe formar parte de los trabajos de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica y promover un Pacto Educativo para garantizar la estabilidad que necesita el sistema.

Este Pacto educativo debe respetar la Constitución, los acuerdos internacionales, la libertad de enseñanza, la pluralidad de centros y acoger a todos, porque será beneficioso para el alumnado actual y el futuro de nuestra sociedad.