Mañana miércoles entra en vigor la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, que supone un auténtico recorte de los derechos de la ciudadanía y limitará el ejercicio de la libre expresión. Tras años de duros recortes y la aplicación de políticas de austeridad, ahora el Gobierno recorta derechos fundamentales como la libertad de expresión e información, la reunión pacífica y la asociación, poniéndole trabas y sancionando económicamente.
Se trata de un enorme retroceso en las libertades públicas y en toda forma de participación social y sindical, logros alcanzados hace años y que permitían participar a los ciudadanos, con algunas restricciones, de la vida política. ¿Por qué nuestros dirigentes tienen tanto reparo hacia la expresión de la voluntad popular? No deben olvidar que sin el voto de la ciudadanía no podrían gestionar nuestro presente y futuro, por lo que la voz de la sociedad debe ser libre y escuchada.
Buena parte de las infracciones recogidas en esta Ley de Seguridad Ciudadana están dirigidas a restringir el derecho de reunión y manifestación, con sanciones que pueden alcanzar los 600.000 euros. La libre expresión o reunión tendrá que ser previamente autorizada por el Gobierno, pues de no ser así, se pagará un alto precio por expresar la voluntad, conformidad o desacuerdo con algún tema de especial relevancia.
Esta reforma ha concitado la contestación y repulsa absoluta de gran parte de juristas, catedráticos, periodistas, sindicatos, plataformas ciudadanas y organizaciones sociales, ecologistas y de Derechos de Humanos. La oposición en bloque rechazó la norma y la llevó al Constitucional, pero, como en otras tantas vulneraciones de derechos aprobadas en esta legislatura, el Gobierno ha aplicado el rodillo de la mayoría absoluta para imponerla.
La Ley Mordaza, que arranca mañana, está pensada para acallar voces críticas con la gestión del Gobierno. ¿Tendrá los días contados?
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