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Dicen los datos que España ha ido cosechando sucesivamente números positivos en su Producto Interior Bruto (PIB) desde el año 2014, lo cual es esperanzador tras un negro periodo de crisis y destrucción masiva de empleo.

Sin embargo, también dicen que la creación de nuevos puestos de trabajo no ha ido acompañada de una mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, como ponen de manifiesto las estadísticas de siniestralidad laboral publicadas cada mes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, las cuales revelan desde 2013 un alarmante aumento del número de accidentes y enfermedades producidos.

Aunque haya quienes justifiquen el aumento de la siniestralidad en la creación de nuevos puestos de trabajo, las estadísticas son un contundente indicador de que la recuperación de la economía española no ha ido acompañada de una mejora de las condiciones de trabajo, sino todo lo contrario: los trabajos son cada vez más precarios e inseguros.

El caso es que pese a que contamos con una ley en materia preventiva de más de 20 años de antigüedad y el reconocimiento manifiesto en la Constitución del derecho a la protección de la salud, así como del deber de los poderes públicos de velar por unas adecuadas condiciones de seguridad y salud en el trabajo, cada año aumentan los accidentes laborales y las dolencias derivadas del trabajo, aunque muchas de ellas no son reconocidas.

Desde USO llevamos denunciando que el sistema preventivo con el que contamos no está funcionando por múltiples motivos. ¿Por qué nuestro país sigue suspendiendo en accidentalidad? Concretamente, entre los factores que están cercenando las posibilidades reales de crear empresas más seguras y saludables en España se encuentran:

  • Tejido empresarial con escasez de medios y apoyos en materia preventiva. En España, la mayoría de la población que integra el mercado laboral pertenece a PYMES o ejerce actividades de forma autónoma. Ello se traduce habitualmente en una muy limitada representación sindical, así como escasos medios técnicos, económicos y humanos en un entorno de mercado exigente y competitivo.
  • Exceso de subcontrataciones. El abuso sistemático de la subcontratación para resolver necesidades productivas y las cadenas de contribución deterioran las condiciones de seguridad y salud de quienes precisamente ejecutan los servicios subcontratados.
  • Temporalidad en el empleo. Los datos del MEYSS muestran como gran parte de los empleos de nueva creación se corresponden con contratos temporales o de duración determinada. La temporalidad además de la precariedad que lleva asociada obliga a un exigente control en PRL que muchas veces se ve comprometido en aspectos clave como la información, la formación o la vigilancia de la salud.
  • Externalización de las actividades preventivas. El abuso de los SPA como figura para resolver las necesidades preventivas es la tendencia actualmente habitual en nuestro país pero para una prevención eficiente hay actuaciones en materia de seguridad y salud que es inviable se externalicen sistémicamente en la operativa diaria corporativa, como son la vigilancia, el control y la supervisión de las tareas que se desarrollan.
  • Deterioro progresivo en la calidad de las actuaciones de los SPA. La competencia sectorial de los servicios de prevención ajeno y la venta de las sociedades de prevención se ha traducido en un escenario de “mercadeo” en el que, los empresarios suelen optar por aquel SPA que les supone menores costes, mientras que los SPA apuestan por “tirar precios” para mantener su clientela y captar nuevos clientes, lo que merma gradualmente la calidad de los servicios prestados en PRL.
  • Legislación actual sobre Mutuas e Incapacidad Temporal. La abundante jurisprudencia surgida en los últimos años reconociendo daños derivados del trabajo que habían sido negados por las Mutuas y el INSS pone en evidencia que este modelo legislativo no funciona bien para prevenir accidentes y enfermedades en un futuro, contribuyendo además activamente a un ocultamiento de dichos daños.
  • Adjudicación de contratos públicos al menor coste. Las Administraciones Públicas deben ser un ejemplo para promover la seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, la elección recurrente por estas de adjudicar trabajos a quienes los ofrecen por menor cuantía hace un flaco favor a la calidad de los servicios públicos y contribuye a que quienes los realizan los ejecuten con menos medios y estén preventivamente más desprotegidos.

Desde USO, alertamos de la necesidad de actuar con urgencia sobre todos estos factores, los cuales están incidiendo de forma muy negativa en nuestra sociedad, tanto en términos de merma de la salud de la población trabajadora como en términos de detrimento del resto de sus derechos y expectativas laborales futuras.

Con la prevención no se juega.