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Un nuevo informe realizado por la CES muestra cómo las empresas utilizan ‘las sedes empresariales buzones” no sólo para pagar menos impuestos, sino también salarios más bajos e imponer malas condiciones en el trabajo. Las “empresas buzón” son entidades jurídicas establecidas en un país europeo, donde no tienen (o éstas son menores) actividad económica, con el fin de tener un régimen a la carta de menores impuestos, salarios, etc.

El objetivo de este informe es que el término “sociedades buzón” sea considerado no sólo para incluir a personas jurídicas sin ninguna propiedad, sino también a las empresas con sedes potencialmente artificiales donde, por ejemplo, sea cuestionable la dirección o las decisiones financieras se tomen en ese lugar, para que como persona jurídica disfrute de beneficios materiales por la sede artificial.

El informe ‘El impacto de las sociedades buzón- tipos de prácticas sobre los derechos laborales y los ingresos públicos’, cuenta con estudios de Alemania, los Países Bajos, Italia y Suecia, que cubre los sectores cárnicos, el transporte por carretera, la fabricación de automóviles y construcción y muestra cómo la evasión de impuestos a menudo se combina con la explotación de los trabajadores.

Los casos analizados incluyen:
• Danish Crown, un holding con sede en Alemania, propietario de mataderos y fábricas de procesamiento de carne que subcontratan trabajadores mediante estas “sociedades buzón” en Polonia, Hungría y Rumanía. Los trabajadores tienen jornadas que van de 14 a 20 horas, sin derecho a pensión ni seguro médico, no son empleados de la misma «subcontratista» más de 6 meses, obtienen contratos por los que van pasando de una a otra “sociedad buzón”.
• Vos Transport, una empresa de transporte por carretera holandés, que gana el 70% de sus ingresos de las actividades holandesas, pero el 50% de los desplazamientos se llevó a cabo bajo contrato por dos “sociedades buzón” en Rumania y Lituania. Estas empresas no tienen oficinas propias, los contratos de los conductores son firmados por un técnico holandés, reciben instrucciones de los Países Bajos y están obligados a abrir una cuenta de banco holandés. Los salarios son de 200€ al mes, con el resto maquillado mediante pagos de gastos y bonificaciones ilegales.
• Serneke, una empresa de construcción sueca que supuestamente ha despedido a sus trabajadores y posteriormente subcontrató a otros trabajadores a través de una “sociedad buzón” polaca registrada que comparte una oficina y teléfono con la Cámara de Comercio Polaco – Sueca. Según primeras conclusiones, las contribuciones de seguridad social podrían haber sido impagadas durante cuatro años (en Suecia y Polonia) a pesar de haber sido deducidas de los salarios de los trabajadores.
• FIAT, históricamente propiedad de una familia italiana, se ha registrado en Amsterdam y con sede en Londres. Paga el impuesto de sociedades en el Reino Unido y el impuesto sobre los dividendos y plusvalías de filiales extranjeras en Holanda (y paga menos que si lo hiciera en Italia).

El informe también revela que el 83% de inversión extranjera directa en Países Bajos, y el 96% en Luxemburgo, está en ‘Special Purpose Entities’ (sociedades buzón), con lo que la inmensa mayoría de ‘la inversión extranjera’ en aquellos países tiene el objetivo de pagar menos impuestos.

“Las prácticas de las empresas buzón son malas para los derechos de los trabajadores y para los ingresos públicos”, dijo Esther Lynch, secretaria de la Confederación Europea de Sindicatos. “Las empresas buzón explotan a trabajadores, perjudican las empresas decentes que pagan salarios apropiados y su parte justa de impuestos, y privan a los servicios públicos de ser sufragados del muy necesario ingreso”. “Este informe muestra que las prácticas de las empresas buzón no son casos aislados sino generalizados en muchos países y sectores económicos, y que la elusión de impuestos a menudo va de la mano de la explotación de los trabajadores. La legislación de la UE facilita la existencia de las sociedades buzón y por la débil aplicación nacional del derecho laboral y fiscal”.

La siguiente fase de este proyecto de la CES, financiado por la Comisión Europea, examinará soluciones a esta elusión de impuestos, los salarios y prestaciones de la seguridad social.