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El Congreso convalida «in extremis» el decreto de interinos, obligando al Gobierno a debatir su contenido y a tramitarlo como Proyecto de Ley, comprometiendo modificaciones como hacer fijos a los interinos de más de 10 años en esa situación

El Congreso de los Diputados ha puesto al Gobierno en su sitio obligándole a recular y tramitar por la vía del Proyecto de Ley el Decreto de Interinos (R-D Ley 4/2021), más conocido como “el Icetazo”. Aprobado por un voto de diferencia y tras negociaciones de última hora, ha obligado a la ministra de Hacienda y Función Publica, María Jesús Montero al compromiso de tramitarlo como Proyecto de Ley, anunciando modificaciones de calado a partir del 1 de septiembre.

La futura norma incorporará la aplicación de la valoración de méritos para los trabajadores públicos que hayan ocupado plaza de forma ininterrumpida en los últimos 10 años, y que no haya sido convocada nunca. También se incluirá que las autonomías puedan decidir que la oposición no sea eliminatoria en procesos de estabilización de plazas estructurales ocupadas por personal interino desde hace más de tres años. Se elimina también el plazo del 31 de diciembre de 2021 para convocar los procesos de estabilización, que se fija en cuatro meses desde la entrada en vigor de la ley.

Un texto distinto al pactado en un principio

El texto, posiblemente, saldrá adelante como Proyecto de Ley, pero no lo hará como se había pactado en un principio con los sindicatos “más representativos” CCOO, UGT y CSIF, frente al rechazo total del resto de organizaciones sindicales y de la mayoría de las plataformas en que se agrupa el colectivo de interinos. La convalidación en el Congreso del texto modificado del decreto de interinos es también un auténtico costalazo para estos sindicatos.

Parte del Ministerio ya se están ofreciendo modificaciones que van en consonancia con lo solicitado por FAC-USO, ya que por primera vez se está hablando de la aplicación del artículo 61.6 del TREBEP, tal como USO lleva reivindicando tanto por la vía política, como por la sindical, como por la judicial.

Se abre ahora una nueva etapa, en la que el decreto de interinos debe ser mejorado. Y cuestiones ya anunciadas, como el requisito de los 10 años, tienen que ser reconsideradas, porque el fraude de ley no se da a los 10 años sino a los 3, como ha establecido el Tribunal Supremo.

FAC-USO exige la suspensión cautelar de todos los procesos de estabilización

La Federación de Atención a la Ciudadanía del sindicato USO (FAC-USO) exige que se acuerde la suspensión cautelar de todos los procesos que afecten a la estabilidad de las plazas ocupadas por personal temporal y/o interino que pudiera estar en fraude de ley, hasta que no concluya la tramitación parlamentaria de la futura ley.

También, desde FAC-USO exigen que se realice el censo del número total de empleados públicos temporales e interinos existentes en todas las Administraciones, ya sea central, autonómicas y local, y en todos los ámbitos, incluido Sanidad, Educación o empresas públicas.

FAC-USO continuará tramitando todas las reclamaciones y demandas que en petición de fijeza sean solicitadas por los afiliados. Los pequeños avances que se han incluido en el decreto de interinos han sido impuestos por la aritmética parlamentaria, no por la buena voluntad política y sindical de los negociantes. Por ello, FAC-USO no cesará en sus reivindicaciones ni en mantener una posición in vigilando del proceso.