Formación, Formación Sindical

Treinta delegados y delegados de USO Galicia, en su mayoría de empresas licitantes o vinculadas con el sector público, han participado en la formación sobre la Ley de Contratos del Sector Público que ha impartido en Santiago de Compostela la secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral, Sara García.

Desde USO se ha reivindicado durante años la necesidad de que se regulase la contratación pública para que fuese responsable, que velase por la transparencia y la eficiencia en el gasto público pero, sobre todo, que no tuviera como criterio más relevante la oferta más barata.

Hasta la aprobación y entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que es fruto de la trasposición de Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero, de cara la contratación pública el criterio que otorgaba mayor puntuación era el precio del servicio contratándose habitualmente la oferta más barata.

Esta circunstancia, ha provocado que muchas empresas no cumplan con sus obligaciones laborales, ni con lo estipulado en la negociación colectiva, con deudas e impagos a la seguridad social, a Hacienda y a los trabajadores y trabajadoras hayan sido adjudicatarias de contratos de servicio adjudicados por unas administraciones públicas que han actuado de manera irresponsable.

Con la nueva ley se pretende modificar esta situación y, en consonancia con la Estrategia Europa 2020, conseguir que la contratación pública sea pieza clave para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso con mayor racionalidad económica de los fondos públicos.

A pesar de los avances y novedades que desde USO consideramos muy positivas, esta norma tiene también sus lagunas y carencias en la redacción y en su aplicación que nos llevan a la confusión y en algunos casos a la inseguridad jurídica, como ocurre con el convenio colectivo de aplicación que va variando de forma aleatoria a lo largo del texto y no hace referencia en ningún caso al convenio de empresa o sobre las garantías de los trabajadores y trabajadoras en caso de subrogación.

Pero no hemos de olvidar que, aunque la Ley habla de oferta con mejor relación calidad/precio y no de oferta económicamente más ventajosa, el punto de partida que prima es el de la libre competencia. Esperamos y exigimos que, tras la inestabilidad política de los últimos tiempos, en esta legislatura se desarrolle y sobre todo se dote económicamente para que la contratación pública sea realmente responsable, eficaz, transparente y que garantice servicios públicos de calidad garantizando los derechos de los trabajadores y trabajadoras que los llevan a cabo.