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Se ha celebrado en Bruselas en la sede de la Confederación Europea de Sindicatos, la Conferencia Final del proyecto “ETUC Semester 2.0”, los días 7 y 8 de septiembre, con participación de una treintena de sindicalistas de países de la UE, entre ellos el representante de USO, Santiago González.

En esta Conferencia se ha hecho un resumen por un lado de los grados de participación de los sindicatos en la elaboración de propuestas a los planes gubernamentales de reformas de los países que cuentan con desequilibrios macroeconómicos (déficit público y balanza de pagos principalmente) y desajustes notorios en otras parcelas (desempleo, formación, etc), y por otro, la existencia o no –como en España- , de un diálogo social sobre el Semestre europeo entre sindicatos y gobierno. En el caso español, hay que señalar que si bien USO tuvo una reunión con funcionarios europeos de la Dirección General de Empleo, no la tuvo sobre medidas económicas y se circunscribió, tras las aportaciones sindicales, a conocer la opinión sindical sobre el Salario Mínimo, los Servicios Públicos de Empleo y su capacidad de intermediación laboral y sobre la formación profesional dual.

Además, se ha revisado el cronograma de trabajo que los sindicatos debemos realizar para contestar y proponer las medidas del actual Semestre y los hitos de reuniones con altos cargos comunitarios donde los sindicatos podremos dar nuestra opinión sobre las reformas en curso.

Las limitaciones metodológicas del Semestre Europeo, dadas las orientaciones políticas de la Comisión Europea y los Gobiernos nacionales, parecen evitar fijar la atención sobre las responsabilidades por la existencia de la elusión y evasión fiscal de las multinacionales y la redistribución negativa de las rentas de trabajo en los países europeos.

En la reunión se tuvo la oportunidad de escuchar a Mary McCarthy, de la Comisión Europea, sobre el Programa específico 2017/825 de apoyo técnico a las reformas que los estados promuevan, aprobadas colectivamente en la UE, aunque persisten las dudas sobre la evaluación de las reformas ya efectuadas y sus logros y fracasos. Otra novedad de la continuidad del Semestre europeo estará marcada por la incidencia de la aprobación del Pilar Social Europeo, por lo que se incorporarán más indicadores sobre la situación de los estados en diferentes áreas, (enseñanza, sanidad, prevención y previsión social, etc) y se ampliarán las reformas y las políticas necesarias para abarcar estos aspectos, pero siendo los estados nacionales los que fijen las prioridades y presupuestos, limitados siempre a las políticas de estabilidad y lo que den de sí los fondos estructurales, dadas las carencias del presupuesto europeo y la falta de mutualización de políticas europeas.

Se señaló la contradicción entre las prioridades que de forma discursiva señala la Comisión Europea, el aumento de la inversión, el crecimiento y la cohesión, con las restricciones nacionales que las mismas autoridades europeas establecen de estabilidad macroeconómica, presupuestos restringidos y no mutualización de políticas fiscales y sociales. De hecho, tras la crisis de 2008, hay una mayor divergencia salarial entre los europeos debido a cómo se ha hecho frente a la misma, en función de su estructura productiva y situación macroeconómica. O el aumento del reparto de dividendos ha sido superior al crecimiento del PIB o la inversión neta.

En la reunión, se destacó que el discurso del Presidente Juncker sobre el Estado de la Unión de los próximos días parece que iba a abordar estos elementos en el contexto del desarrollo de los escenarios alternativos que, tras el Brexit, los europeos debían afrontar.

Jeroen Jutte, de la Dirección General de Empleo de la Comisión Europea, en el segundo día señaló la recuperación frágil que está habiendo, y que la nueva estrategia de la Comisión, para mejorar su imagen añadimos nosotros, es hacer menos “recomendaciones” a los estados, con menos “puntos” concretos, e incorporar el Pilar Social a las mismas. Jutte mantuvo que desde las autoridades europeas se insta a los gobiernos la necesidad de un diálogo social, pero no hay mecanismos de evaluación de la existencia real del mismo en la discusión, implantación y revisión sobre su eficacia y pertinencia de las reformas nacionales.