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FI-USO ha demandado a Alcoa, Capital Parter Group y Grupo Industrial Riesgo, con la adhesión del resto de los sindicatos de Alu Ibérica, para el plan de industrialización efectiva en Avilés y A Coruña

La reunión en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) para buscar un acuerdo previo al conflicto colectivo por el plan industrial en Alu Ibérica ha terminado sin acuerdo. A la cita, a demanda interpuesta por la Federación de Industria de USO con la adhesión de CCOO, UGT, APC y CIG, no acudió Capital Parter.

Tras los intentos infructuosos de los mediadores del SIMA, que han chocado contra el muro empresarial, las partes han sido derivadas a un arbitraje.

FI-USO presentó la demanda para que se reconozca la obligación de los demandados, Alcoa, Capital Parter Group y Grupo Industrial Riesgo, de proceder a implementar un plan de negocio para las plantas de Avilés y A Coruña, que incluya inversiones y apoyo financiero, tal y como establecen los párrafos segundo y tercero del punto 7º del acuerdo de 4 de julio de 2019.

Avilés y A Coruña siguen sin tener la carga y actividad comprometidas en el acuerdo con Alcoa

El inicio de la judicialización de la deriva de las antiguas plantas de Alcoa es el último recurso “tras meses de promesas incumplidas, reuniones estériles con las diferentes administraciones y hartazgo de declaraciones de buenas intenciones. La situación en Alu Ibérica de Avilés y A Coruña es insostenible. Las plantillas sufren una inseguridad jurídica alarmante y nadie quiere asumir responsabilidades. O las empresas demandadas cumplen con sus compromisos o deberán reconocer una parálisis de las inversiones y, por lo tanto, una falta de ocupación efectiva. Esto permitirá que los trabajadores se acojan a las medidas sociales que se detallan en el acuerdo de 15 de enero de 2019”, explica Raúl Montoya, secretario de Acción Sindical de FI-USO.

El secretario general de la sección sindical de USO-Alu Ibérica, y trabajador de Avilés, Ángel Marqués, recuerda que “en la actualidad, hay tareas asignadas en las plantas, pero ni son productivas ni relativas a una supuesta actividad industrial. Por lo tanto, se da un incumplimiento manifiesto del acuerdo alcanzado. Además, la formación es unilateral y discrecional por parte de la empresa, para cubrir el expediente, sin atender a las necesidades reales de recualificación de la plantilla”.

Montoya se reafirma en que “FI-USO no cejará en su empeño de que se cumplan los compromisos adquiridos y se dote de actividad industrial a las plantas afectadas. Exigimos la garantía del empleo y, para ello, emprenderemos cuantas acciones legales consideremos oportunas además de esta”.