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La Plataforma por la Justicia Fiscal reclama recursos personales suficientes para luchar contra el fraude fiscal, que en España se calcula cercano a los 80.000 millones de euros

La Plataforma por la Justicia Fiscal, de la que USO es miembro, denuncia que el pasado 11 de enero era la fecha señalada para que el Ministerio de Hacienda regulara las normas para iniciar el proceso de recuperación de personal para acercarnos progresivamente a la media europea, con el fin reducir el fraude fiscal en unos momentos de especial falta de recursos. Sin embargo, a día de hoy no se ha cumplido y aún no se ha regulado. Por tanto, España está incumpliendo la ley.

En la disposición adicional sexta de la ley 11/2021 de medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, se establece que el Gobierno dictará, en el plazo de seis meses, la normativa necesaria para que en un periodo de 8 años, el ratio de personal de las administraciones tributarias en relación con el número de obligados tributarios se aproxime a la media europea.

Esta norma se aprobó en el Congreso de los Diputados con una inmensa mayoría de los votos de los partidos de todo el arco parlamentario. La razón de esta, extraña, casi unanimidad en medio de la actual crispación se produjo porque se calcula que España tiene un fraude fiscal en torno a los 80.000 millones de euros. España es, además, el penúltimo país de los 27 de la Unión Europea (UE) con menor número de personas trabajando contra el fraude fiscal por cada 100.000 habitantes. Contamos con unas 53 personas frente a la media europea de unas 86 personas por cada 100.000 habitantes.

La Plataforma por la Justicia Fiscal defiende que si se quiere luchar contra el gran fraude fiscal es irremplazable contar con los recursos personales necesarios cuanto antes, ya que el seguimiento y la lucha contra los grandes delincuentes fiscales, grandes empresas y grandes fortunas, requieren un enorme esfuerzo de investigación y seguimiento y esto es imposible de realizar sin los medios necesarios.