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El secretario general del Sindicato Profesional de Justicia de USO, Javier Toro; el secretario general de SPJ-USO Andalucía, Adriano Moreno; y el secretario de Organización de la Federación de Empleados Públicos de USO-Andalucía, Enrique Jiménez, han mantenido una reunión con Marta Bosquet, presidenta del Parlamento Andaluz, para trasladarle “nuestra preocupación por el calendario y condiciones de implantación de la Nueva Oficina Judicial de Andalucía que, en su calidad de abogada y anterior presidenta de la Comisión de Justicia del Parlamento, esperamos que haya recibido con especial sensibilidad”, expone Adriano Moreno.

SPJ-USO duda de que “pueda llevarse a cabo esta implantación, toda vez que carece de dotación presupuestaria y que el Ejecutivo saliente no realizó siquiera una memoria económica del gasto que supondría reorganizar a más de 8.000 funcionarios, que no cuentan siquiera aún con una valoración de puestos”, continúa el secretario general de SPJ-USO Andalucía. “Desde USO”, continúa, “llevamos meses denunciando que se pretende hacer una gran reordenación de puestos a coste cero, no una Relación de Puestos de Trabajo, que es como nos han estado vendiendo la Oficina, y por lo cual decidimos no firmar el acuerdo que ponía en marcha la RPT de Córdoba como laboratorio de pruebas”, fundamenta Moreno.

La Nueva Oficina Judicial de Andalucía prevé culminar la reordenación en 2021 con su implantación en Sevilla, Málaga y Granada, pero previamente se irá haciendo efectivo en los partidos judiciales y el resto de capitales de provincia. “La Oficina acaba con la posibilidad de movilidad de los funcionarios, por lo tanto el único beneficio que podía suponer para ellos era la carrera profesional vertical, la capacidad de ascender. Sin embargo, la muestra de RPT que hemos visto solo contempla un 6% de puestos singularizados, con lo cual también se coarta esa posibilidad”, lamenta Adriano Moreno.