Salud laboral

El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros el Proyecto de Ley de Mutuas de Seguridad Social, una iniciativa que ha logrado que todos los agentes sociales y partes afectadas por esta ley tengan algo en común: estar frontalmente en contra.

Desde USO denunciamos que este texto supone un avance más en la privatización de la gestión de la incapacidad temporal. Un proceso iniciado en los noventa con la aprobación de la gestión de la incapacidad temporal común por parte de estas asociaciones empresariales y que paulatinamente, todos los gobiernos hasta el actual, han ido dando más competencias a las Mutuas en detrimento del Sistema Nacional de Salud. Como muestra, el cambio de nombre en el anteproyecto; pasan de ser Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales a denominarse Mutuas de la Seguridad Social.

Consideramos alarmantes las modificaciones relativas a la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, especialmente en lo relativo al control por parte de la mutua desde el primer día de la baja (actualmente es a partir del decimosexto), y las novedades en materia de propuesta de alta por parte la mutua, en la que el plazo para contestar por parte de Inspección es de solo cinco días y en caso de que pasado ese plazo no haya respuesta, el paciente perdería su prestación por silencio administrativo. Novedades idénticas a las recogidas en borrador del “Real Decreto por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros 365 de su duración”, también aprobado en este Consejo de Ministros.

Dado que el 80% de las empresas tienen la gestión económica de las contingencias comunes encomendadas a las mutuas, y que son asociaciones de empresarios, nuestra salud va depender aún más de aquéllas que son juez pero también parte interesada, al representar intereses empresariales. Este hecho nos preocupa especialmente dadas los cada vez más habituales conflictos trabajador-Mutua por altas indebidas o por no reconocimiento de las contingencias profesionales.

Con este proyecto, el Gobierno hace prevalecer el factor económico de la incapacidad temporal sobre el factor sanitario y de recuperación de la persona convaleciente. La Ministra de Empleo, en la presentación del proyecto, ha continuado en la línea de lucha contra el absentismo, utilizando los datos aportados por el II Informe Adecco, estudio que considera absentismo cualquier ausencia que no sea vacaciones, festivos y jornadas de ERTE.

Como denuncian desde la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), el fraude en la incapacidad temporal viene sirviendo de excusa para imponer reformas que han supuesto un importante recorte económico y social de la prestación, sin que se hayan aportado nunca estudios o datos rigurosos sobre el volumen del supuesto fraude.

También se ha hecho hincapié en la rueda de prensa, en el carácter de asociaciones de empresarios sin ánimo de lucro de las Mutuas, denominación que no se sostiene teniendo en cuenta los salarios de sus directivos y los últimos procesos judiciales e investigaciones de alguna de estas entidades como es el caso de Fremap, a quien la Seguridad Social le reclama 43 millones de euros que gastó indebidamente, o Mutua Universal, con once de sus directivos procesados por un fraude de 200 millones de dinero público.