Internacional

Antes las enormes discrepancias surgidas entre los eurodiputados, el pasado día 10 de junio, el Parlamento Europeo se vio obligado a retirar la votación sobre el informe de la Comisión INTA del Parlamento Europeo favorable al Tratado Transatlántico para el Comercio y las Inversiones (TTIP). Sobre él pesaban las firmas de casi 2 millones de ciudadanos europeos que suscribieron una Iniciativa Ciudadana en contra del Tratado.

En el centro de las críticas al informe estaba la propuesta de mecanismo de solución de diferencias entre inversores y Estados (ISDS), que permitiría a las multinacionales demandar a los Estados ante tribunales privados si éstos adoptan normativas que puedan perjudicar sus ganancias comerciales.

Sin embargo, el día 1 de julio, el partido de los Socialistas y Demócratas (S&D), el grupo Popular Europeo (PPE) y los liberales (ALDE) han alcanzado un acuerdo sobre una enmienda de compromiso que les permitirá someter el polémico informe sobre el TTIP a la votación del pleno del Europarlamento en Estrasburgo entre el 8 y el 10 de julio, y que propone sustituir el mecanismo ISDS por un nuevo tribunal independiente. La enmienda sería presentada por el propio presidente del Parlamento Europeo, el alemán social-demócrata Martin Schultz.

El nuevo tribunal estaría formado por jueces profesionales, independientes, designados públicamente en audiencias públicas, y se incluiría un mecanismo de apelación en el que se garantice la coherencia de las decisiones judiciales y el respeto a la jurisdicción de los tribunales de la UE y de los Estados miembros.

Frente a ello, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha instado a los eurodiputados a votar en contra de esa enmienda señalando, entre otras críticas, que el nuevo texto es un retroceso respecto a la posición acordada anteriormente por la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo (INTA) que sí mencionaba una Jurisdicción Internacional de las Inversiones.

En opinión de Julio Salazar, secretario general de USO, con la nueva enmienda “estamos ante un lavado de cara para sustituir un ISDS por otro muy parecido, por lo que USO la rechaza de plano y emplaza a los eurodiputados a votar en su contra”. Salazar ha dejado claro, además, que “mientras no se reserven en el TTIP plenas competencias a los Tribunales de Justicia ordinarios para dirimir las demandas de las multinacionales y de los inversores extranjeros, dando posibilidad de personación a la ciudadanía y a los inversores locales, estaremos ante un atropello de nuestra democracia y de nuestra soberanía”.

Por su parte, Bernadette Ségol, secretaria general de la CES, ha advertido que esta nueva enmienda sigue dándoles privilegios jurídicos a los inversores y recuerda que el 97% de los ciudadanos que respondieron a la consulta pública sobre el ISDS se pronunciaron en contra, “pero algunas personas en las instituciones europeas parecen determinadas a mantener este mecanismo al servicio de las grandes corporaciones por encima de todo. El darle otro nombre o hacerlo más transparente no cambia la sustancia. Si es necesario un tribunal comercial internacional, debe constituirse fuera del acuerdo comercial entre la UE y EE UU y respetar las reglas democráticas”, ha declarado Ségol.

USO concuerda con la CES sobre la imperante necesidad de impedir que los inversores tengan la oportunidad de poner en entredicho las decisiones legítimas de gobiernos democráticamente elegidos. La nueva formulación del compromiso -los intereses privados no pueden socavar los objetivos de las políticas públicas- no ofrece garantía jurídica alguna; son sólo palabras vacías destinadas a tranquilizar a los oponentes al ISDS. Debemos presionar a nuestros eurodiputados para que hagan su deber de defensa de la democracia y voten en contra del «nuevo» ISDS.