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La pandemia por covid nos afecta a todos y en todo el mundo, pero el retroceso sobre la situación sociolaboral y los derechos de la mujer está siendo devastador

Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en USO queremos denunciar el día a día de las mujeres de las mujeres en todo el mundo, y cómo la pandemia ha aumentado la desigualdad entre géneros y la discriminación de la mujer. La pandemia por covid-19, además de golpear con fuerza la sanidad y la economía, también está acrecentando y mostrando la desigualdad de oportunidades y recursos que existen para la mujer.

El cierre de los colegios como medida preventiva contra el virus ha provocado que muchas mujeres tengan que volver a sus casas, dejando su trabajo o teletrabajando, para hacerse cargo del cuidado de los menores. Una situación que encaran muchos menos hombres y que afecta al progreso profesional de las mujeres.

Un caso extremo, además, si se trata de víctimas de violencia de género, pues la vuelta a casa supone la convivencia continua con su maltratador y con el miedo. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en periodos de confinamiento la media mundial de violencia de género ha aumentado un 20%. Esta cifra podría traducirse en que, en los seis meses de confinamiento vividos en algunos lugares del mundo, ha habido 31 millones de casos adicionales de violencia de género.

La Unión Europea, junto a las Naciones Unidas, creó la Iniciativa Spotlight, un programa que busca solucionar estos problemas de desigualdad y violencia de género, uno de los objetivos de la agenda 2030. Está desplegado por Asia y el Pacífico, África, América Latina y el Caribe.

En la Unión Europea ha crecido la violencia de género y la desigualdad salarial de la mujer

Europa no se libra, ni mucho menos de la desigualdad de género. La pandemia por coronavirus ha incrementado los niveles de violencia de género, desigualdad y violaciones en todo el continente. Según la OMS, las llamadas por violencia doméstica aumentaron un 60% durante la pandemia en comparación al año anterior. Además, debido al colapso en los hospitales por pacientes con coronavirus, muchos servicios se vieron reducidos o cancelados. En consecuencia, muchas mujeres y niñas no pudieron acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva.

Como ocurre en todo el mundo, a nivel laboral las mujeres han tenido que aumentar la carga de trabajo no remunerada para cuidar de sus familiares. También se han visto afectadas aquellas que se dedicaban al trabajo informal, como el cuidado doméstico o el sexo. Estas tareas informales han seguido produciéndose durante la pandemia, con el agravamiento de la falta de medidas de protección necesarias, arriesgándose más al contagio. Tampoco las mujeres migrantes del sector informal han podido acceder a medidas económicas de protección durante el confinamiento.

Además, en el ámbito sanitario europeo, las mujeres, según cifras de la OMS, cobran en torno a un 28% de los hombres. Y eso a pesar de que la mujer supone el 84% del personal de enfermería; el 53% del personal médico; y el 83% de quienes cuidan a personas mayores y con discapacidad, con una mayor exposición al covid-19. Para disminuir esta brecha salarial, el Convenio número 100 de la OIT debe aplicarse para garantizar la igualdad salarial entre sexos.

Muchos mecanismos para ayudar a mujeres y niñas, pero un largo camino por delante en su aplicación

Amnistía Internacional, Women’s Link Worldwide y la Federación Internacional de Planificación Familiar-Red Europea (IPPF-EN) crearon una guía para paliar estas prácticas que se producen contra las mujeres en los países europeos y así poder proteger sus derechos.

La Unión Europea firmó el Convenio de Estambul para prevenir, concienciar a las personas y luchar contra la violencia de cualquier clase hacia las mujeres y las niñas de cualquier origen y cultura. Este convenio considera la violencia de género una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación. Y criminaliza actos aberrantes como el acoso, los matrimonios forzados o la mutilación genital, entre otros. Por primera vez, los países miembros deben introducir, si no estaban, estos delitos en su sistema jurídico, cooperar entre sí para reforzar las medidas, y asegurar el acceso a las víctimas a medidas y lugares de protección y apoyo.

La guía también busca facilitar el acceso a los servicios básicos de salud sexual y reproductiva; garantizar los derechos a la protección y el asilo de las mujeres y niñas durante las migraciones que se producen entre países, como recuerdan ACNUR, la OMS y la OIM. Y, por último, asegurar el derecho a la justicia de las mujeres y niñas: protegerlas e investigar todos aquellos delitos o casos de violencia que se hayan producido hacia ellas, y que el agresor sea enjuiciado.

A pesar de ello, desde USO recordamos que las cifras evidencian que aún queda mucho trabajo por hacer para erradicar esta desigualdad e injusticias que se producen cada día en gran parte del planeta. Y no solo en los países más desfavorecidos, también en el seno de la Unión Europea.

El retroceso de la mujer en el mundo laboral de América Latina y Caribe por el covid

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) determinó el 10 de febrero que la participación que tenía la mujer en el mundo laboral disminuyó de un 52% en 2019 a un 46% en 2020 por el covid. Esto se produjo por despidos o abandonos de empleo. Durante el segundo trimestre de 2020, se produjo la mayor caída de la actividad económica en esta zona del planeta. Esto provocó graves repercusiones en las tasas de desocupación.

Los países con mayor variación en la tasa de desocupación de las mujeres en 2020 fueron Colombia, con un 11,7%; y Costa Rica, con un 15,4%. Estas cifras han producido un efecto negativo en los ingresos de los hogares de estos países. Según la CEPAL, alrededor de 118 millones de mujeres latinoamericanas vivirán en situación de pobreza. Sin las ayudas económicas gubernamentales necesarias para hacer frente al covid-19, la mujer puede volver al escenario de hace diez años, perdiendo el camino hacia la igualdad recorrido en la década previa a la pandemia.

Un 56,9% de las mujeres en América Latina y un 54,3% en el Caribe trabajan en sectores en los cuales se prevé un mayor efecto negativo en términos de empleo, como el turismo, la manufactura, el comercio y el trabajo doméstico remunerado. Son empleos que, en su mayoría, tuvieron que paralizarse a causa del confinamiento.

La desigualdad de género, una barrera más en países más castigados por la desprotección social

Las desigualdades estructurales que más presentes están en esta región americana y que más afectan a la participación de las mujeres en el trabajo remunerado son:

  • Mayor presencia en empresas micro, pequeñas y medianas y no en grandes. Ahí, suelen trabajar los hombres.
  • Existen barreras para acceder a una financiación que les permita emprender.
  • Las mujeres están concentradas en sectores determinados, ocupando puestos de poca productividad.
  • Están sobrerrepresentadas en el empleo informal, asociado al cuidado de niños, ancianos, etc.
  • Sus ingresos son bajos.
  • La protección social es menor.
  • Para la mujer existe una sobrecarga de trabajo no remunerado.

Las mujeres que trabajan de forma remunerada en el sector de la salud y realizando tareas de cuidados en espacios institucionales o domiciliarios han sido las primeras en ponerse en riesgo frente al covid. Han cuidado de enfermos, niños y ancianos o personas con situación de dependencia, así como limpiando aquellos lugares que podrían estar contaminados. A este riesgo se le suma la precarización laboral que sufren: muchas veces no trabajan con las medidas sanitarias de protección óptimas; las jornadas de trabajo son abusivas; cobran salarios bajos y no reciben prestaciones sociales en situaciones de despido.

Todo ello ha supuesto una pérdida de ingresos en los hogares, y también una reducción importante de su independencia económica. El desempleo en las familias con más peso de las mujeres provoca un aumento de la pobreza. Este problema económico, en una época donde la tecnología se está imponiendo para conseguir un empleo o mejorar la formación, aumenta al no poder acceder a internet.

Un ingreso básico de emergencia para América Latina y Caribe

Para afrontar la pobreza estructural, se deben crear políticas sociales que faciliten prestaciones económicas. La secretaria de CEPAL, Alicia Bárcena, apuesta por “el ingreso básico de emergencia para todas las mujeres que tuvieron que salir del mercado de trabajo, así como la protección a todas las adultas mayores con una pensión básica solidaria”. Esta pensión ya está presente en Chile y México. En todo caso, las políticas económicas deben estar relacionadas con la situación sanitaria, educativa, laboral y social de los países de América Latina y el Caribe.

Las mujeres que realizan los cuidados no remunerados están desbordadas por el aumento de la presión en los cuidados a sus familiares debido al cierre de colegios, o de los centros dedicados a personas dependientes.

Las mujeres que trabajan en puestos medios o altos también han sido penalizadas por la pandemia. Ahora están obligadas a compaginar el teletrabajo con la educación y el cuidado de sus hijos a jornada completa, así como la atención de la casa. El teletrabajo ha sido un método que, lejos de reducir la jornada laboral, la ha incrementado, debido a la percepción errónea de que hay que estar todo el día disponible para la empresa.

La violencia de género también ha repuntado en esta zona, especialmente por la convivencia con el maltratador. El programa Spotlight se centra en acabar con los feminicidios. En Honduras, la confederación OXFAM y ONU-Mujeres se han unido para movilizarse y acceder a las poblaciones femeninas más marginadas: las mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, las niñas, las mujeres afro-hondureñas y las mujeres transgénero. En Caribe, esta iniciativa busca acabar con la violencia en el hogar. Por ejemplo, en Trinidad y Tobago, también respalda a las organizaciones creadas por la población durante la pandemia para fomentar acciones preventivas a través de la educación on-line.

La mujer en Asia: desigualdad laboral, desigualdad de información

En la zona de Asia Suroriental, gracias a las severas restricciones que establecieron los gobiernos, la pandemia no ha provocado las mismas consecuencias devastadoras que se vivieron en otras zonas del mundo. Las Naciones Unidas están promoviendo la igualdad entre sexos y haciendo frente a los casos de violencia de género. Además, buscan apoyar económicamente a estas mujeres y generar planes que contribuyan a su integración al mundo laboral.

La desigualdad entre sexos también se hace visible con la desinformación que sufren las mujeres. En países como Filipinas, según un estudio de las Naciones Unidas, el 79% de las mujeres encuestadas no había tenido información sobre el coronavirus y más de la mitad de las mujeres que fueron preguntadas por ONU-Mujeres comentaron que no habían podido acceder a la sanidad. Esto afectó en mayor medida a las mujeres embarazadas y a aquellas con hijos en periodo lactante.

Del mismo modo que ocurría en América Latina, las mujeres ocupan puestos con mayor riesgo de desempleo, con una mayor precariedad laboral, y dedican más tiempo que los hombres al cuidado de sus familias. Por ello, los problemas económicos de las mujeres son más preocupantes y muchas de ellas viven en la pobreza.

El parón del comercio, un pozo de pobreza para las empleadas de la confección

Según la Organización Internacional del Trabajo, el 80% de los empleados del sector de la confección de ropa en Asia y Pacífico son mujeres. Debido al parón de las importaciones, se produjeron despidos masivos, una disminución de ingresos y un retraso en los pagos que afectaron principalmente a este sexo. Según la OIT, solo 3 de cada 5 mujeres volvieron a ser contratadas al reanudar la actividad.

Por otra parte, en esta parte del mundo, la violencia de género en el seno del hogar también aumentó durante el confinamiento. La iniciativa Spotlight se denomina en esta zona “Programa de Seguridad y Justicia” (Safe & Fare Programme) y persigue eliminar la explotación laboral y la trata de mujeres y niñas para fines sexuales.

La ONU-Mujeres también está dando soluciones a las necesidades de aquellas trabajadoras de la región que migran durante la pandemia de covid-19. En el caso de Asia Central, también se busca atajar la violencia sexual de género y las prácticas nocivas, como el uso de químicos en los cuerpos de las víctimas. La organización está trabajando en Kirguistán con personas influyentes para diseñar anuncios que conciencien sobre esta temática y publicarlos en las principales redes sociales. Se busca así llegar al mayor número de gente posible y promover un cambio de actitud ante la situación de la mujer, a pesar de las limitaciones del covid.

En el Pacífico, Spotlight está colaborando en Papúa-Nueva Guinea para que las casas refugio reabran y las víctimas puedan permanecer a salvo, siguiendo las restricciones impuestas por la covid-19.

En África, el covid ha desatado más violencia contra la mujer

La pandemia en el continente africano, como en otros momentos de crisis, ha producido el aumento de discriminación por género. Se aprecia en el incremento de los matrimonios infantiles forzados, violaciones, embarazos no deseados y violencia de género durante el confinamiento. El covid ha supuesto una limitación económica para la mujer. Además, ha aumentado su dedicación a las tareas del hogar y han crecido las enfermedades de transmisión sexual por las relaciones consentidas o forzadas que mantuvieron en este periodo.

La mutilación genital femenina ha prevalecido. Países como Somalia, Guinea o Sudán son algunos donde el porcentaje de mujeres que sufren esta práctica aún es muy elevada. Otros, como Kenia, han conseguido disminuir el número de mujeres agredidas gracias a la prohibición que se dictó en 2011.

El covid ha limitado la protección física y presencial de la mujer. Para paliar el déficit, la tecnología ha permitido desarrollar herramientas como la llamada i-Cut, que permite el acceso a la sanidad antes y después de la mutilación. Sin embargo, muchas de las mujeres que sufren esta violencia extrema no tienen acceso a los medios tecnológicos, por lo que debe trabajarse en medidas al alcance de todas.

La mujer africana y el covid: adiós colegio, hola maternidad

El coronavirus provocó el cierre de muchos colegios donde miles de niñas accedían a la educación como internas. Por ello, la mayoría de ellas tuvo que regresar a casa. Y no hablamos de casa como lugar seguro, sino donde, para muchas, el peligro era mayor.

La ONU ha calculado que en 2020 se produjeron en África Occidental un total de 14.000 embarazos. 11.000 de estas embarazadas eran menores en edad escolar, lo que supone el 79% de los casos.

Otro dato aberrante es que, cada dos segundos, según Plan Internacional, una niña es forzada a contraer matrimonio, ya sea por causas culturales, por la pobreza que existe en la familia o por periodos de guerra. En los conflictos armados, la práctica del matrimonio se considera una forma de protección a las niñas.

Una de cada cinco mujeres se casa siendo una niña

Según Unicef, los matrimonios infantiles se están reduciendo en todo el mundo. Aun así, sigue siendo muy generalizada y, en la actualidad, una de cada cinco mujeres se casa siendo menor de edad. Muchos grupos activistas han salido a las calles para defender los derechos de las niñas y de las mujeres y conseguir revertir estas prácticas, que también afectan a un porcentaje menor de niños.

Por otra parte, a nivel laboral, y según la Fundación Mujeres por África (FMxA), las enfermeras constituyen el 70% del personal sanitario en el continente. Por eso, es la mujer quien estuvo y está en contacto directo y constante con el virus del covid. Una mayor exposición tienen también las mujeres que trabajan en condiciones precarias o que deben hacerse cargo de sus hijos y de su trabajo, un alto porcentaje de las mujeres africanas.

Además del cierre de las escuelas, también se vieron mermados los servicios de asistencia jurídica, de salud reproductiva y sexual, y los programas de atención a las víctimas de violencia de género. Spotlight, también presente en este continente, busca eliminar toda clase de violencia de género, así como colaborar en las iniciativas ya existentes para acabar con la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil.

En Zimbabue, un grupo de jóvenes voluntarios conocido como los “Innovadores contra la Violencia de Género”, crearon el grupo de WhatsApp “Hacer Frente a la Violencia de Género”. Con él, buscan informar, debatir sobre las experiencias vividas y ayudar a las supervivientes y mujeres víctimas de la violencia de género durante la pandemia.