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La USO, fiel a sus señas de identidad de sindicato autónomo, democrático, pluralista e independiente, respeta todas las opciones políticas democráticas y en consecuencia la absoluta libertad individual de nuestros afiliados y del conjunto de trabajadores y trabajadoras sobre su opción electoral. Por ello, ni la USO ni nadie en su nombre hará campaña o solicitará el voto para ninguna opción política concreta.

Hacemos un llamamiento para que la participación en estos comicios sea máxima, conscientes de la importancia de los mismos, de nuestro deber democrático y de la responsabilidad ciudadana ante un momento de enorme trascendencia para el inmediato y futuro devenir de nuestro país.

En aplicación de nuestros Estatutos, Declaración de Principios y práctica de la autonomía sindical, desde el respeto a la libertad individual de participar en la vida política, la USO aplicará sus criterios de incompatibilidad de ocupar responsabilidades sindicales superiores al ámbito de empresa con la de presentarse como candidato de partido político, por lo que se debe dar la dimisión del cargo sindical en el momento de la proclamación oficial de la candidatura política.

La USO pide a las fuerzas políticas candidatas al 20-D una campaña electoral limpia y respetuosa entre las diferentes opciones, en la que cada una focalice la explicación de su programa electoral haciendo del mismo un explícito compromiso social con la ciudadanía frente a cualquier tentación de coartada coyuntural para conseguir el voto.

Desde USO solicitamos a las diversas opciones políticas que incluyan en sus programas electorales nuestras resoluciones y propuestas, y singularmente:

  • El fin y reversión de las políticas de austeridad que han conllevado y acrecentado las crisis financiera, económica, laboral, social y democrática, y la apuesta por un nuevo sistema productivo que prime la inversión en I+D+i, la economía social y solidaria, el trabajo autónomo y de las PYMES en la creación de empleo mediante la aplicación de un plan estratégico de estímulo económico y del empleo con un potente paquete de inversión del 2% del PIB.
  • La apuesta por el Trabajo Digno, pleno, estable y con derechos, que se focalice en la creación de empleo, la distribución equitativa de la riqueza entre todos generada y unas relaciones laborales basadas en el diálogo social alternativo y la negociación colectiva frente a las reformas laborales que han provocado más precariedad, paro y recorte de derechos laborales.
  • La defensa de un sistema público de protección social de carácter universal como modelo garante de igualdad, justicia y derechos individuales y colectivos. Un sistema que blinde una educación sostenida con fondos públicos, la sanidad y los servicios públicos esenciales, universales y de calidad, mediante pactos de estado que eviten su politización permanente y que conlleven a su vez unas pensiones dignas, prestaciones sociales solidarias y suficientes, derecho a vivienda digna, a servicios básicos de suministro de energía y salubridad, atención a la dependencia, lucha contra las desigualdades sociales y a una renta social mínima de protección frente a la pobreza y exclusión social.
  • Una reforma fiscal de amplio calado que iguale el gravamen y las deducciones en todas las CC.AA. de todos los contribuyentes, evite la desigualdad en el reparto de las cargas tributarias, dé pasos hacia la armonización fiscal europea y haga que todos paguen por lo que realmente perciben. Una reforma que contemple asimismo la lucha contra todo tipo de fraude, despilfarro y corrupción, y singularmente la instalada en la vida pública, mediante una concepción y gestión de los recursos públicos basada en la honestidad, la transparencia, la proporcionalidad y una contundente legislación contra las personas, cargos, entes y empresas vinculadas y condenadas.
  • La regeneración democrática del marco político y sindical, con sendas reformas de la normativa electoral actual, orientadas a que los procesos y el cómputo de los mismos no penalice a las organizaciones que no forman parte del bipartidismo y bisindicalismo, que promueva una mayor audiencia, representatividad, pluralidad y proporcionalidad fijando un mínimo de referencia asequible e igual para el marco político y sindical, con plena capacidad de promoción de elecciones sindicales y que favorezca equiparar el valor de los votos independientemente de su procedencia, haciendo que puedan competir en igualdad de condiciones.