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El recién estrenado Gobierno ha anunciado que uno de sus objetivos es el restablecimiento de la sanidad universal, cercenada por la implantación del RDL 6/2012. Para ello, la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, inició el 15 de junio un proceso dialogado con todas las partes implicadas en esta materia.

Dentro de esa agenda de diálogo, se convocaron a las organizaciones que, como USO, firmamos el Pacto por un Sistema Nacional de Salud Público y Universal y somos integrantes de la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER).

En esta reunión, la Ministra y su equipo explicaron la hoja de ruta que se va a seguir para la restitución de la universalidad de la atención sanitaria, recogieron nuestras propuestas y solicitaron la colaboración de REDER en este proceso. También agradeció la lucha que hemos llevado durante estos seis años desde REDER, manteniendo viva la reivindicación de la sanidad universal y prestando asistencia sanitaria a las personas excluidas de cobertura en 2012. Es importante destacar el trabajo y la presión sufrida por el personal sanitario, que ha hecho todo lo posible por que ninguna persona quedase sin atención.

La implantación del RDL 16/2012 ha tenido consecuencias muy graves para la vida y la salud de los colectivos excluidos y ha supuesto un retroceso peligroso en el modelo sanitario español. Las organizaciones que conformamos REDER consideramos que es fundamental que el redactado de la nueva ley recoja no solo la necesidad de universalizar la cobertura de este derecho, sino también facilitar el acceso al mismo.

El RDL de exclusión sanitaria se aprobó dentro de las medidas de recorte de derechos llevadas a cabo desde 2012, bajo la excusa de la necesidad de austeridad y del peligro para la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario por el coste de la atención de ciertos colectivos, entre ellos las personas en situación irregular. La realidad es que este RDL no se aprobó con memoria económica y nunca, desde hace 6 años, se ha llevado a cabo una rendición de cuentas del supuesto ahorro que ha conllevado este recorte de un derecho tan básico como es la atención sanitaria.

Organismos internacionales como la ONU y nacionales como el Defensor del Pueblo y numerosas entidades científicas llevan clamando estos últimos años contra la aplicación de este RDL y certificando las consecuencias que su implantación está provocando sobre el sistema sanitario, la salud pública y miles de casos de sufrimiento particular.

Es difícil cuantificar el número de personas fallecidas debido a esta exclusión sanitaria, pero, desde el Instituto de Economía de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra, cifran el aumento de la mortalidad entre las personas en situación irregular en un 15% entre 2012 y 2015.

La USO ve estas medidas anunciadas por el Gobierno como un gran avance a los derechos que se habían perdido, y exige, a su vez, una reorganización del Sector Sanitario, con una profunda evaluación del sistema en su conjunto y un nuevo diseño de financiación, con propuestas y alternativas eficaces y económicamente sostenibles, con una optimización de la gestión y de los recursos, con una dimensión de la sanidad transversal que se manifieste en políticas sociales y laborales para volver a estar en las condiciones que se estaba antes de la crisis.

Uno de los casos más simbólicos de las víctimas de esta legislación es el de Alpha Pam, fallecido a los 28 años por tuberculosis, una enfermedad curable, en España. Desde USO, en 2015, dentro de las II Jornadas para la Igualdad, proyectamos Muerte accidental de un inmigrante. El caso de Alpha Pam, de los directores Javier González y Pedro de Echave que estuvieron con nosotros en la presentación y debate.

Iniciativas como este documental o los informes de impacto del RDL de organizaciones como Amnistía Internacional son fundamentales para ganar una de las principales batallas que es la de la desinformación y la demagogia sobre este asunto. Es fundamental hacer pedagogía sobre lo que ha conllevado esta exclusión sanitaria, recordando a la sociedad española que la sanidad no se financia por las cotizaciones a la Seguridad Social sino vía impuestos; que conceptos como “aseguramiento” no tienen sentido en nuestro modelo sanitario; que la atención primaria y la prevención siempre tendrán menos costes que la intervención en urgencias; que también se eliminó el derecho a la asistencia a los migrantes españoles; que la exclusión conlleva problemas graves de salud pública y, sobre todo, que la sanidad no es un negocio, es un derecho.

Desde la USO, como hemos venido haciendo desde el año 2012, reivindicamos el derecho de toda la ciudadanía a una sanidad pública o concertada gratuita, universal y de calidad, igual en cuanto a sus coberturas y carta de servicios en todas las comunidades autónomas. Este derecho que figura en la Constitución Española, no es sólo un derecho de la ciudadanía sino también una obligación para todos los poderes públicos.