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El 23 de septiembre, los trabajadores de seguridad privada están llamados a movilizaciones contra el bloqueo en la negociación del convenio

El pasado viernes, tras la tercera reunión de la mesa negociadora del convenio colectivo sectorial de empresas de seguridad privada, las tres centrales sindicales mayoritarias del sector rompieron las negociaciones y convocaron movilizaciones para el próximo 23 de septiembre.

Las patronales APROSER y ASECOPS han bloqueado cualquier incremento salarial razonable y rechazado cualquier avance no solo en la mejora de las condiciones laborales del colectivo, apostando por retroceder en asuntos como el plus de antigüedad.

Por estos motivos, USO, CCOO y UGT han decidido adoptar las medidas de presión necesarias para reconducir esta situación y que los trabajadores del sector recuperen, de una vez por todas, el salario y las condiciones laborales dignas que merecen.

Movilizaciones en seguridad privada para dignificar el sector

USO, CCOO y UGT consideran indispensable que la negociación del próximo convenio colectivo del sector sea plurianual y que contemple incrementos retributivos y una cláusula de garantía salarial, ante la situación de incertidumbre e inflación actual.

Por su parte, las patronales presentan propuestas en las que, de nuevo, son las personas trabajadoras las que asumirían mediante la pérdida de derechos y nulos incrementos salariales la situación global de país y las consecuencias de un modelo de seguridad que debe ser modificado.

Por todo ello, USO, UGT y CCOO coordinarán una serie de actuaciones conjuntas y movilizaciones de la seguridad privada en todos los territorios, que se concentrarán el día 23 de septiembre. De esta manera, los trabajadores visibilizarán la situación de sus condiciones de trabajo y reclamarán un cambio radical de los planteamientos de las patronales de cara a este convenio.

Consulta las ciudades en las que se han convocado manifestaciones.

Modelo basado en bajos precios de adjudicación

El sector de la seguridad privada se ha visto precarizado significativamente en los últimos años. Las empresas y los clientes públicos y privados han instaurado en el sector un modelo basado en los bajos precios de adjudicación sin ningún tipo de valor añadido en la prestación de sus servicios.

Este modelo y la imposibilidad de trasladar incrementos de costes a los clientes son las excusas fundamentales esgrimidas por parte de las patronales del sector para no acometer las necesarias mejoras de las condiciones económicas y laborales que merece el colectivo, que da empleo a más de 100.000 profesionales en toda España.