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Aprobada la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con más medidas y más presupuesto

La renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género supone una ampliación del compromiso conjunto de actuar para erradicar y prevenir la violencia de género.

El Pacto llega con una dotación presupuestaria de un 50% más de recursos, llegando a un total de 1.500 millones de euros. Tiene 5 años de vigencia y amplía el número de medidas a 462, siendo 290 medidas en el anterior.

Nuevos ejes de actuación y atención

En la renovación del Pacto se incluyen nuevos ejes de actuación, contemplando la violencia vicaria, la económica y la digital, modalidades que, hasta la fecha, se habían encontrado al margen. Dentro de los ejes en los que se profundiza su actuación se encuentra la violencia sexual y la trata de personas con fines de explotación sexual.

Además, se visibiliza la necesidad de actuar especialmente en la atención a mujeres en el entorno rural y mujeres con discapacidad. Esta línea de actuación puede constituir una estrategia que visibilice las discriminaciones múltiples y las barreras que enfrentan estas mujeres, así como la necesidad de atención específica según sus necesidades.

Dentro de las modificaciones al pacto se incluyen medidas para llevar a cabo reformas legislativas e institucionales para fortalecer la coordinación en la atención a víctimas de violencia de género, creando unidades de apoyo en el ámbito local. De igual forma, se contempla la formación especializada en el ámbito judicial.

Avances en la protección pero con violencias excluidas

Desde USO consideramos que la renovación del Pacto de Estado es, sin duda, un avance en la protección de las mujeres frente a la violencia de género. “Celebramos que se haya llegado a un consenso ya que con este Pacto se podrá dar continuidad a la ruta establecida para combatir a la violencia de género, atender integralmente a las víctimas y procurar la recuperación del proyecto de vida de las supervivientes”, incide Lourdes Pedrazuela, secretaria de Políticas Sociales, Igualdad y Formación de USO.

Sin embargo, reconocemos que, pese a ser un gran esfuerzo, existen materias que debieron incluirse para poder atender integralmente el problema estructural que constituye la violencia de género. Entre ellas, la violencia obstétrica, no incluida a pesar de ser una materia esencial, y por la que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) de Naciones Unidas, ha condenado en 3 ocasiones a España.

Otra de las materias omitidas en este Pacto de Estado es la violencia institucional, otro de los grandes desafíos del sistema frente a la violencia de género, ya que la revictimización y las actuaciones institucionales que vulneran a las víctimas de violencia de género siguen estando a la orden del día.

La aplicación de las medidas del Pacto, tarea pendiente

Para Pedrazuela, la aprobación del Pacto de Estado solo constituye el primer paso, “lo fundamental es darle aplicabilidad y hacer una implantación, a conciencia, de las medidas. El éxito de una política pública depende, no solo de su confección, aprobación y dotación presupuestaria suficiente, sino que requiere de voluntad política y de trabajo constante”.

Desde USO consideramos que, dentro de los grandes desafíos de la aplicación de este Pacto de Estado contra la Violencia de Género, están la formación especializada de todas las personas que intervienen en el proceso de atención a víctimas; la coordinación institucional y la ausencia de mecanismos homologados de actuación, así como la existencia de requerimientos administrativos y burocráticos que, en muchas ocasiones, obstaculizan la protección de las víctimas. Es imprescindible fortalecer las estrategias de prevención y fomentar la igualdad desde todos los ámbitos.