, , , Internacional

USO considera un avance el apoyo de los gobiernos de la UE a una directiva sólida para llegar a un SMI europeo

Los gobiernos de la UE aprobaron ayer una directiva sobre salarios mínimos y negociación colectiva, punto de partida para un SMI europeo. Esto permitiría que millones de trabajadores de toda Europa perciban salarios más justos.

USO, junto con la CES, valora el acuerdo alcanzado, que recoge la recomendación de situar el salario mínimo en el 60 % de la mediana de los salarios brutos, así como la necesidad de un plan de acción de apoyo a la negociación colectiva.

Un salario mínimo “adecuado” para Europa

El proyecto de directiva acaba de ser aprobado por los embajadores de los Estados miembros de la UE en el Consejo del Comité de Representantes Permanentes de la UE (Coreper), después de que se anunciara la semana pasada un acuerdo. La reunión de ayer era el último gran obstáculo que debía superar el proyecto de directiva antes de su aprobación definitiva por los eurodiputados y los ministros. Este pase por el Parlamento Europeo se dará en septiembre.

El pacto no sienta las bases para fijar un salario mínimo homogéneo en la Unión Europea, un aspecto difícilmente realizable, debido a las enormes diferencias existentes entre países. Por ejemplo, el salario mínimo en Bulgaria es de 332 euros, frente a los 2.257 de Luxemburgo.

Pero tampoco existe siquiera un estándar armonizado a nivel legislativo. Actualmente, seis países carecen de un salario mínimo por ley (Austria, Italia, Dinamarca, Chipre, Finlandia y Suecia), al fijarse este a través de la negociación colectiva. Esto ha provocado que algunos países, como Suecia y Dinamarca, se opusieran a esta medida, por considerar que se entrometía en sus competencias nacionales.

El aspecto más relevante es que la directiva enfatiza el término de salario mínimo “adecuado”, fijando unos criterios básicos para adecuar un salario mínimo a las condiciones socioeconómicas de cada país. Una vez entre en vigor, los Gobiernos nacionales se comprometen a establecer estos criterios y a revisarlos con regularidad para adecuarlos al contexto de cada momento.

En tiempos como los actuales, en los que la pobreza ha aumentado en Europa en la última década un 16 %, y con la inflación disparada, esta directiva podría beneficiar a entre 10 y 20 millones de trabajadores. Son precisamente los trabajadores que están siendo empujados a una situación económica cada vez más vulnerable.

Medidas que incluye la propuesta de directiva para un SMI europeo

La propuesta aprobada incluye las siguientes medidas:

  • Un marco para la adecuación de los salarios mínimos legales (cuando existan) que garantice que los Estados miembros tienen que tener en cuenta el poder adquisitivo, el coste de la vida y la productividad.
  • La obligación de los Estados miembros de promover la negociación colectiva y luchar contra el desmantelamiento de los sindicatos, para aquellos que tengan una cobertura inferior al 80 %, con el fin de elaborar un plan de acción de apoyo a la negociación colectiva.
  • El refuerzo de la participación de los sindicatos en la fijación y actualización de los salarios mínimos legales.
  • La exigencia de que las empresas que reciban contratos públicos respeten el derecho de sindicación y de negociación colectiva, de acuerdo con los Convenios 87 y 98 de la OIT.
  • Los Estados miembros con salarios mínimos legales tendrán que comprobar que se cumplen estos criterios, lo que contribuirá a que los países no puedan seguir fijando salarios de pobreza.
  • También contribuirá a que todos los salarios sean más justos, al poner fin a la represión de los sindicatos, promover la negociación colectiva y garantizar que los salarios sigan el ritmo de los aumentos de productividad.

Un reparto justo y subida salarial

En lo que respecta a la productividad, y según los últimos datos publicados por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), si los trabajadores europeos hubiesen percibido los aumentos de productividad desde el año 2019, habrían recibido colectivamente 116.000 millones de euros más.

USO celebra el acuerdo alcanzado y se une a las valoraciones de la CES, cuya secretaria general adjunta, Esther Lynch, considera que “esta directiva supondrá un gran impulso para los millones de personas que luchan por pagar sus facturas y alimentar a sus familias.”