Desarrollo Sostenible, Actualidad

El Congreso ha aprobado la Ley de Cambio Climático que contempla una reducción del 23% de las emisiones, muy por debajo de las demandas de la sociedad civil y Europa

El Congreso aprobó ayer la Ley de Cambio Climático. El borrador consensuado pasa ahora al Senado, donde se tramitará por vía de urgencia.

La ley contempla para 2030 una reducción de, al menos, el 23% de las emisiones respecto a los niveles de 1990. Desde USO consideramos esta reducción insuficiente, ya que supone una rebaja significativa de las demandas de la sociedad civil y la UE, que sitúa esta reducción en al menos el 55% de las emisiones.

Una insuficiente Ley de Cambio Climático

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética es la primera norma dedicada específicamente a la mitigación y adaptación de España frente a la crisis climática.

Se trata de una ley para que España cumpla sus compromisos internacionales de lucha contra el calentamiento. El objetivo es alcanzar en 2050 la neutralidad climática. Esto significa que para mediados de siglo se tendrá que haber prescindido prácticamente de los combustibles fósiles.

La tramitación de esta ley es un gran paso para España, uno de los países europeos más expuestos a los impactos negativos de la crisis climática. Sin embargo, plantea varios aspectos decepcionantes en lo relativo a sus objetivos a corto plazo.

Para lograr el objetivo de neutralidad climática en 2050, la ley presenta uno intermedio en 2030 que consiste en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos un 23% respecto a 1990. Este objetivo se revisará periódicamente y la primera revisión será en 2023. Este es el aspecto que más críticas ha suscitado por parte de las organizaciones ecologistas, que tildan los objetivos intermedios de “poco ambiciosos”. Sobre todo, si lo comparamos con la meta fijada por la UE de reducción de las emisiones para el 2030 del 55%. El Gobierno justifica esta rebaja por el retraso en la aprobación de una norma específica para cumplir con el Acuerdo de París firmado en 2016. El objetivo global para 2050 es lograr la neutralidad climática, pudiendo emitir únicamente gases que puedan ser captados por los sumideros, como los bosques.

No obstante, este retraso en la legislación española para alcanzar los objetivos fijados a nivel europeo e internacional, debe suponer un impulso a la hora de actuar de forma más ambiciosa en la lucha contra el cambio climático. La ley presentada fijó los objetivos con anterioridad a la pandemia. Pero la crisis que estamos padeciendo ha venido a demostrar la necesidad de actuar con determinación para lograr una recuperación y transformación reales.

Participación social y responsabilidad civil

Otro aspecto a resaltar acerca de la tramitación de la ley de Cambio Climático es la falta de participación de los distintos actores sociales y sindicales. Para elaborar una ley realmente eficaz es necesario contar con distintas voces de la sociedad civil. Desde las ONG ecologistas hasta los sindicatos que, como es el caso de USO, participan en diferentes planes territoriales de transición justa.

Estos planes deben servir para garantizar la descarbonización de la economía, asegurando la transformación del empleo hacia puestos de trabajo sostenibles y de calidad. Por ello, sindicatos de toda Europa defendemos que es posible la transformación de las economías al tiempo que se posibilita la creación de empleo. Así quedó plasmado en la reciente guía de adaptación al cambio climático y al mundo laboral, elaborada por la Confederación Europea de Sindicatos.

La responsabilidad civil de las empresas en materia medioambiental es otro aspecto clave que deben contemplar las leyes que regulen la mitigación y adaptación al cambio climático. Es necesario que se exijan responsabilidades a aquellas empresas que destruyan el medio ambiente o aceleren el cambio climático. Una demanda recogida por la UE, y respaldada por USO, a través de los recientes avances en la legislación sobre debida diligencia obligatoria.

Los fondos europeos -Next Generation EU- y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se está elaborando a nivel nacional, van a determinar el modelo de desarrollo de las próximas décadas. Un modelo que la UE contempla que esté basado en la digitalización y la descarbonización.

Es por ello que necesitamos que las políticas públicas en materia de cambio climático estén a la altura de las transformaciones que nuestra economía necesita. La Agenda 2030 y la Estrategia de Desarrollo Sostenible deben ser la base sobre la que estructurar los cambios. Y la voluntad política debe ir acorde a los retos que se nos plantean si queremos avanzar hacia un mundo justo y sostenible.