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El Congreso vetó ayer el proyecto de Presupuestos Generales para 2019, lo que en la práctica supone la pérdida de unos 4.000 millones de euros en ingresos tras elevar el gasto público en cerca de 3.000 millones de euros. Según estimaciones, España sufre una brecha de caja de casi 7.000 millones.

“El gobierno se va sin poner en marcha las reformas necesarias, no solo por debilidad política sino también por una falta de capacidad de acuerdo para sacar adelante en estos meses un pacto por el empleo de calidad, una reforma fiscal seria, el permiso de paternidad de 8 semanas, el subsidio de desempleo para los mayores de 52, o los cambios en dependencia y copago farmacéutico”, manifiesta Joaquín Pérez, secretario general de la USO.

“Ni siquiera se puede decir que en el debate se haya hablado de presupuestos, ni de empleo, ni de políticas sociales; parece que la gente está fuera del guión de todos los grupos políticos en los discursos en la Cámara. La realidad es que nuestro país sigue sumido en un momento muy delicado en lo laboral, con serias incertidumbres económicas y con demasiado ruido político”, prosigue Pérez.

Tras años de crecimiento económico este no se ha revertido en los trabajadores. Al contrario, “se ha incrementado mes a mes la precariedad laboral, los salarios no han experimentado subidas significativas y, lo peor de todo, es que no haya un proyecto consensuado a medio plazo de mejora del empleo; ni de cambios legislativos de calado; ni un plan para la industria; ni un sistema de formación para el empleo eficiente que dé garantías de futuro ni una base de preparación a todos los niveles para los cambios que ya están aquí y que nos dejarán a un lado competitivamente”, enumera el secretario general de USO.

Ante la próxima e inminente cita electoral, desde nuestro sindicato haremos llegar a todos los grupos políticos nuestras propuestas para la elaboración de sus programas electorales y “volvemos a hacer un llamamiento a la política de altas miras, de acuerdos concretos y responsables entre distintas siglas porque la ciudadanía lo merece y el futuro lo demanda con urgencia”, concluye Pérez.

Medidas anunciadas en suspenso
El veto a los Presupuestos supone dejar en suspenso algunas de las medidas anunciadas, entre las que se encuentran el aumento de las ayudas a familias para combatir la pobreza; la eliminación del copago para 6,8 millones de pensionistas y colectivos vulnerables o la aprobación del permiso de paternidad de 5 a 8 semanas.

La denominada “contrarreforma” laboral y la mejora de la negociación colectiva quedan también aparcadas, primando, entre otras cuestiones, los convenios de empresa sobre los de sector y facilitando los descuelgues para salvar empresas a costa de recortar derechos a los trabajadores.

De igual forma se aplazan sine die el incremento del IRPF y Sociedades; el incremento del 20% en las inversiones a comunidades autónomas; la subida de impuestos al diesel -que podría incluirse en la Ley de Transición Energética y Cambio Climático-; o la tramitación de impuestos como la tasa Google o Robin que, a pesar de poderse tramitar independientemente, podrían verse afectadas por un más que probable adelanto electoral.

¿Qué se mantiene al margen de la prórroga presupuestaria?
Por otro lado, siguen adelante las subidas puestas en marcha al margen de la aprobación de los presupuestos. Entre ellas, la subida salarial a los funcionarios del 2,5%, que supone un coste de 3.700 millones de euros, así como la subida general del 1,6% para las pensiones y del 3% para las mínimas y no contributivas así como el aumento de la base reguladora de las prestaciones por viudedad.

La subida del SMI hasta los 900 euros mensuales o el incremento de las bases de cotización se mantienen con independencia de la prórroga presupuestaria.