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La Federación de Industria de USO-Andalucía ha denunciado que Atalaya Mining, la empresa que gestiona Riotinto, no realiza controles específicos de metales pesados entre sus trabajadores, uno de los riesgos a los que se expone el personal de empresas del sector minero en Huelva.

La ley es muy clara al respecto advirtiendo que de ningún modo se puede permitir que ningún trabajador sufra daños ejerciendo su función. Hace unos meses ya se alertó de que en la empresa Matsa, en Aguas Teñidas, las analíticas efectuadas determinaron la presencia de metales pesados en sus trabajadores, de igual modo que el Consejo de Seguridad Nuclear advertía a esta empresa por incumplir las medidas y protocolos de seguridad en sus instalaciones radioactivas.

El comité de empresa de Atalaya Mining, apoyado por Izquierda Unida, ha alertado de que en la actividad minera que se desarrolla en los yacimientos de Riotinto no se controlan los aspectos sanitarios a su personal para saber si han podido contaminarse. “A ninguno de nosotros, ni a los trabajadores de las subcontratas, nos han hecho nunca una prueba ni analítica de metales pesados en sangre y pedimos que la realicen ya que estamos expuestos todos los días a estas condiciones”, manifiesta Marco Antonio Sierra, presidente del comité y delegado de USO.

La situación de seguridad laboral en las instalaciones de Riotinto es tercermundista, y un ejemplo de ello es que mientras en otras empresas la ropa de los trabajadores se lava en las propias instalaciones, en Riotinto los propios trabajadores se la llevan a casa a sus lavadoras particulares.

La reivindicación de nuestro sindicato ha venido respaldada por Izquierda Unida que ha exigido a todas las administraciones competentes que intervengan para que las empresas del sector minero onubense garanticen que ponen en práctica todas las medidas de seguridad necesarias para evitar la exposición de su personal a sustancias tóxicas, e incluso, radiactivas. Desde USO, exigimos el cumplimiento de las medidas de protección y seguridad que recoge el Real Decreto 665 para la Evaluación y Prevención de los Riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos o mutágenos.