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Un nuevo informe de la OIT, junto con otras agencias de las Naciones Unidas y la OCDE, indica que el trabajo infantil forma parte relevante de las etapas iniciales de la cadena mundial de suministro, en actividades como la extracción de materias primas y la agricultura.

USO, junto con el resto de las organizaciones sindicales, está comprometida con el apartado 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible  sobre el trabajo infantil y la trata de personas, el cual insta a los gobiernos de todo el mundo a erradicar el trabajo infantil para 2025 y aplicar medidas eficaces para poner fin al trabajo forzoso, la esclavitud moderna y la trata de personas para 2030. “Para ello, USO respalda diversas plataformas de apoyo a un tratado vinculante sobre el comportamiento de las multinacionales ante los derechos humanos, o sobre la puesta en práctica, de forma universal, homogénea y extensa, de una diligencia debida de las empresas y su cadena de suministros”, expone Javier de Vicente, secretario confederal de Acción Internacional y Desarrollo Sostenible de USO.

El informe “Erradicar el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas en las cadenas mundiales de suministro” presenta las primeras estimaciones sobre el trabajo infantil y la trata de personas en las cadenas mundiales de suministro y el camino a recorrer. Del total de niños que padecen el trabajo infantil, el porcentaje presente en las cadenas mundiales de suministro varía de una región a otra: 26% en Asia Oriental y Sudoriental; 22% en América Latina y el Caribe; 12% en Asia Central y Meridional; 12% en África Subsahariana; 9% en África del Norte y Asia Occidental.

“Los productos y servicios que compramos están compuestos por insumos provenientes de numerosos países del mundo y son procesados, ensamblados, empaquetados, transportados y consumidos a través de las fronteras y los mercados”, declaró Guy Ryder, director general de la OIT. “Este informe muestra la necesidad urgente de una acción eficaz para hacer frente a las violaciones de los derechos fundamentales del trabajo que tienen lugar en las cadenas de suministro”.

Holanda, recientemente, ha aprobado una norma para que sus empresas comercializadoras o productoras sean responsables de la cadena de suministro para evitar el trabajo infantil. Por su parte, Francia tiene, dentro de su legislación para las empresas de más de 10.000 trabajadores, la obligación de contar con mecanismos de debida diligencia de vigilancia de todo su proceso productivo. Pero no existen normas sancionadoras en los acuerdos internacionales de comercio, con lo que el precio sigue siendo uno de los mecanismos de atracción del comercio, desestimando la calidad o cómo se ha hecho un bien.

En este sentido, el informe destaca diversos ámbitos prioritarios en los cuales los gobiernos y las empresas pueden hacer más, pero sin atreverse a reclamar un tratado vinculante sobre comportamiento de las empresas y respeto de los derechos humanos. Promociona la debida diligencia en abstracto, todavía no regulada, ni universal como, por otra parte, ocurre en múltiples acuerdos internacionales porque introduce procesos que son relativamente nuevos en el contexto de las cadenas de suministro, tales como los procesos para proporcionar reparación a lo largo de la cadena de suministro.

El informe sí destaca el realizar un enfoque de prevención más amplio centrado en las causas, incluidas las privaciones de las familias y los niños, en particular en los segmentos de subcontratación y en los niveles iniciales de las cadenas mundiales de suministro que operan en la economía informal, donde los riesgos son mayores. Complementariamente, la necesidad de extensión de la educación e inversiones sociales.

Esto es lo que ha provocado la opinión de la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore: “el trabajo infantil puede tener consecuencias negativas para toda la vida en el desarrollo físico, mental y social de los niños, robándoles la oportunidad de jugar y aprender. Debemos abordar la raíz de las causas que obligan a los niños a trabajar, como la pobreza y la violencia. Necesitamos, además, soluciones concretas que garanticen que las familias dispongan de fuentes alternativas de ingresos y que los niños tengan acceso a una educación de calidad y servicios de protección”.