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La Comisión que vigilará el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género se ha constituido formalmente. Sin embargo, al arranque de esta comisión el Pacto de Estado sigue sin ponerse en marcha en su totalidad y en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 solo figuran 80 millones de los prometidos, pretendiendo que el resto se derive al sistema de financiación de los ayuntamientos y comunidades autónomas.

Desde la USO, una vez más, exigimos al Gobierno que cumpla con el compromiso presupuestario de los 200 millones anuales destinados a este Pacto de Estado y que estas medidas no queden en saco roto.

La función de esta Comisión, que ha comenzado su andadura el 18 de abril, será la de verificar que se pongan en marcha las 214 medidas recogidas en este pacto, destinadas a sensibilizar, combatir y prevenir la violencia machista. Algunas de estas medidas contemplan reformas legislativas, como por ejemplo la de la Ley Integral de la Violencia de Género de 2004. Entre algunas de las modificaciones se encuentra la de incluir todos los tipos de violencia contra una mujer por el simple hecho de serlo; la suspensión del régimen de visitas a los maltratadores como medida cautelar y como pena; y la consideración como víctimas de violencia de género a las madres de los niños asesinados por estos motivos.

Según el Pacto aprobado en el Congreso de los Diputados en septiembre de 2017 y ratificado por todas las comunidades autónomas en el mes de diciembre, estas medidas serían financiadas por el Gobierno con un presupuesto de 1.000 millones de euros durante 5 años.

En los últimos 11 años han sido asesinadas a manos de sus parejas unas 720 mujeres, unos datos alarmantes que no hacen más que incidir en la necesidad de contar urgentemente con medidas eficaces y reales de prevención, asistencia y protección hacia todas aquellas víctimas de violencia de género, donde primen sus necesidades y no se juegue por parte del Gobierno a prometer unas cantidades presupuestarias que luego se permite la poca decencia de no hacer reales.

Desde nuestra organización, siendo el único sindicato estatal con CRS, hemos puesto esta herramienta a disposición de las afiliadas que sufren o han sufrido violencia de género. En nuestro reglamento están especificadas las bases para la solicitud, deseando que ninguna de nuestras afiliadas la necesite ni ahora ni en un futuro, pero que puedan tener la seguridad de estar cubiertas en el caso de que la prevención y protección fallen.