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USO exige que los trabajadores del cobro de peajes de las concesionarias de las autopistas que vencen sean una prioridad para el Gobierno entrante. Una delegación de la Federación de Servicios de USO, encabezada por su secretario general, Pedro Ríos, se ha reunido con el secretario general de Infraestructuras, José Javier Izquierdo, ante la inminencia del fin de algunas de las autopistas rescatadas y el limbo en el que quedarán sus trabajadores.

Las dos actuaciones más urgentes corresponden a la concesionaria AUMAR, en las autopistas AP-7 (Tarragona-Valencia-Alicante) y AP-4 (Sevilla-Cádiz), cuyo contrato expira el 31 de diciembre de 2019. “El Ministerio nos ha trasladado que se levantarán las barreras y que se licitarán los servicios de mantenimiento, viabilidad y conservación de las carreteras con una cláusula de subrogación de los trabajadores. Sin embargo, no existe ningún plan de subrogación para el colectivo de cobradores del peaje y se traslada la responsabilidad a una comisión que se cree a tal efecto después de las elecciones generales”, explica Pedro Ríos, secretario general de FS-USO.

En este sentido, “nos dicen que, al tratarse de un modelo que aún no existe, debe haber un consenso similar al que hubo en la decisión de terminar con estos peajes. Nosotros estamos de acuerdo en que las medidas políticas se tomen con el consenso requerido, pero queremos el compromiso de que, entre quien entre en el gobierno, se va a mantener ese plan y será una prioridad darle solución a estos trabajadores antes de que se finalice su contrato en diciembre”, urge Pedro Ríos.

El secretario general de la Federación de Servicios de USO pide, por lo tanto, “que ya que no existe ese modelo, se haga una reconversión ordenada y no traumática, no como hemos visto en otros sectores, para que los trabajadores no sean siempre los grandes perjudicados de los cambios estratégicos, en este caso en infraestructuras”.