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El Juzgado de lo Social nº 3 de Huelva ha declarado improcedente el despido de un trabajador de Servicios Valverdeños Mineros (Sevalmi), contrata de las Minas de Aguas Teñidas (MATSA), tras demanda presentada por USO-Huelva. Además, en dicha sentencia se constata la existencia de cesión ilegal de trabajadores en MATSA, tal y como USO denunció hace meses ante Inspección de Trabajo.

“La importancia de esta sentencia radica en que se constata la cesión ilegal de trabajadores en MATSA y, en lugar de adquirir el trabajador la condición de indefinido, al estar finalizado el contrato por despido, el empleado debe decidir en cuál de las dos empresas desea ser readmitido. La empresa puede negarse a esa readmisión pero, en ese caso, deberá indemnizar económicamente al afectado”, destaca Aníbal González, secretario de Comunicación de la Federación de Industria de USO-Andalucía.

Los Servicios Jurídicos de USO-Huelva interpusieron demanda sobre reclamación por despido de un trabajador, con contrato en Sevalmi desde 2012, que formaba parte de la plantilla encargada de ejecutar los servicios de soldadura en MATSA. Tras serle adjudicado el servicio a otra empresa, Ditecsa, esta tan solo procede a la subrogación de algunos trabajadores, y no a la totalidad.

La sentencia declara improcedente el despido de este trabajador y condena tanto a Sevalmi como a MATSA a que readmitan al trabajador en su puesto de trabajo en iguales condiciones que antes del despido o lo indemnicen con una cuantía económica superior a 14.000 euros. Además, en caso de optar por la readmisión, las empresas deberán abonar al trabajador los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido (22 de noviembre de 2018) hasta la notificación de la sentencia.

También, expuestos y analizados los hechos que rodean al despido, el Juzgado de lo Social constata la existencia de cesión ilegal de trabajadores atendiendo a diversas cuestiones, como que la plantilla de Sevalmi que prestaba servicios en MATSA contaba con el mismo cuadrante horario que el resto de trabajadores; disponía de las instalaciones y herramientas eléctricas de la empresa principal; recibía órdenes de supervisores de la otra empresa; compartía el mismo sistema de registro, etc.

Además, la titular del Juzgado hace referencia al acta de infracción dictada por Inspección de Trabajo, como respuesta a la denuncia realizada por USO, en la que se sancionaba a MATSA por cesión ilegal de trabajadores con 6.251 euros, y al hecho de que ninguna de las dos empresas hubiera llevado a cabo ninguna modificación para reconducir la situación.