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La USO pone en marcha del 9 al 11 de abril en toda España una nueva campaña de firmas para exigir que las pensiones se blinden en la Constitución. De forma conjunta con la MERP (Mesa Estatal Pro-Referéndum de las Pensiones), se llevarán a cabo tres jornadas de recogida de firmas con mesas en distintas ciudades y en los centros de trabajo donde la USO está presente, con el objetivo de alcanzar los dos millones de firmas y entregárselas al Defensor del Pueblo.

En Madrid se instalará una mesa permanente esos tres días en la Plaza de Callao, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00. En Toledo, Talavera de la Reina, Santander, Torrelavega, Reinosa, Corrales de Buelna, Aguilar de Campoo, Avilés, Bilbao, Donosti, Tolosa, Legazpi, Vitoria, Basauri, León, Guadalajara, Cáceres, Badajoz, Barcelona, Murcia y Logroño, también se podrán encontrar esas mesas en céntricas calles de esas ciudades o en las sedes del sindicato.

Además, la USO trasladará esta recogida de firmas a los centros de trabajo en los que estamos presente. De esta forma, esta acción se llevará a cabo en grandes empresas industriales como Sidenor, Ence, Arcelor, Bridgestone, Solvay, Nestlé, Ferroatlántica, Ferrovial, Nissan, Saint Gobain, Coca Cola, Mercedes Benz, Gas Natural, Grupo Celsa, Michelin, ElPozo, Campofrío, Indra, T-Systems; empresas de servicios como Valoriza Facilities, Ferroser Servicios Auxiliares, Digitex, FCC Limpieza, Ambubask, Iberia, Makro, Leroy Merlin; y en seguridad privada, en Garda Seguridad, Prosegur, Ilunion, Fagus, Delta Control y Servicios, Bilur 2000.

También se recogerán firmas apoyando esta reivindicación entre el profesorado de la educación pública, concertada y privada, y entre el personal de las sedes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, hospitales públicos de Andalucía y Cataluña y AENA, entre otros.

La MERP, de la que forma parte USO desde su fundación en 2013, está compuesta por 247 organizaciones, 130 personalidades y miles de profesionales, activistas y ciudadanos y ciudadanas en general, que reivindican una reforma de la Constitución para blindar las pensiones, para que ningún gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar, total o parcialmente, el Sistema Público de Pensiones, y para que se recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones, y por tanto, la imposibilidad de que ningún tipo de medida, ya sean recortes, subidas de impuestos, copagos, aumento de las tarifas de los servicios básicos o cualquier otra pueda afectarlas.