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El secretario de Acción Internacional y Desarrollo Sostenible de USO, Javier de Vicente, ha participado en el Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de Sindicatos los días 3 y 4 de junio

La Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha celebrado su Comité Ejecutivo los días 3 y 4 de junio. En él ha participado Javier de Vicente, secretario de Acción Internacional y Desarrollo Sostenible.

En el Comité Ejecutivo se ha tratado el relevo en el puesto de secretario general adjunto. Desde ahora, será ocupado por Claes-Mikael Stahl, de LO-Suecia. En cuanto a los debates políticos abordados, destacan:

  • los compromisos adoptados en la reciente Cumbre Social de Oporto.
  • las propuestas de la CES para la Conferencia sobre el Futuro de Europa.
  • la aprobación de una hoja de ruta para elaborar la respuesta sindical ante el auge de la extrema derecha.
  • y otra hoja de ruta, esta del conflicto Israel-Palestina.

Sobre esto último, cabe destacar la iniciativa de la CES de sumarse a otras plataformas europeas para pedir el reconocimiento del Estado de Palestina por todos los estados miembros, algo que España aún no ha llevado a cabo.

Sin duda, y debido a la situación que se está abordando ante una nueva crisis social y económica, han adquirido relevancia aspectos como la necesidad de un cambio en la gobernanza económica europea y el debate sobre la aplicación de un nuevo impuesto global a las multinacionales.

Cambiar la gobernanza económica europea

Tras la emergencia social derivada de la llegada de la pandemia, empieza a ocupar el debate la urgencia de un cambio en el paradigma económico de la UE para no volver a las viejas recetas de la austeridad. La CES ha aprobado una resolución por una nueva gobernanza económica y social europea que promueva la recuperación, la igualdad, la durabilidad y la resiliencia.

Para ello es imprescindible modificar diversos aspectos de la arquitectura económica europea, integrando el Pilar Europeo de Derechos Sociales y el Plan de Acción adoptado el pasado 7 de mayo. También es necesario tener en cuenta otros indicadores más allá del PIB, relacionados con el Green Deal y otros ligados al desarrollo sostenible.

En cuanto a la deuda contraída por los países para afrontar la crisis es determinante que se abandonen los valores de referencia aplicables a todos los Estados en favor de unos objetivos presupuestarios “a medida” que reflejen mejor los desafíos ambientales y sociales propios de cada Estado miembro.

Por desgracia, la UE parece continuar en la senda de las macrocondicionalidades económicas, y así lo ha expuesto en el último paquete de primavera del Semestre Europeo. Es el instrumento a través del cual se coordinan las políticas económicas, presupuestarias y de empleo de los países de la UE. Para la CES, sancionar a los países a través de medidas de austeridad no puede volver a ser la forma de proceder: es necesario apostar por los incentivos y apoyos y la democratización de las estructuras de gobernanza.

Necesidad de ambición en el impuesto global de sociedades

Relacionado con el cambio de rumbo en la gobernanza se encuentra la cuestión de la fiscalidad para el siglo XXI. El Comité Ejecutivo ha coincidido con una reunión del G7 en la que las principales economías del mundo (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) están debatiendo la idea de un impuesto de corporaciones global.

Este acuerdo sobre la armonización global del Impuesto de Sociedades parte de una propuesta de mínimos del 15% que, en el caso de la UE, permitiría recaudar 48.000 millones de euros en 2021. Si se alcanzara un acuerdo más ambicioso y el Impuesto de Sociedades sobre los beneficios de las multinacionales llegara al 25%, la recaudación podría ser de 167.000 millones de recursos extra para las poblaciones de la UE.

La creación de este impuesto también está siendo objeto de debate en el seno de la OCDE, y la Comisión Europea tiene planteado actuar rápidamente si se adopta un acuerdo internacional. Sin embargo, algunas cuestiones están debilitando la negociación. En particular, el nuevo incentivo fiscal para la financiación de capital y la posibilidad de que las empresas arrastren pérdidas pasadas. Esto podría dar lugar a lagunas en el nuevo sistema del impuesto de sociedades.

A este respecto, USO apoya la propuesta de la CES de la introducción de un tipo mínimo del impuesto de sociedades del 25% por parte de la UE, de forma unilateral si no se alcanza un acuerdo internacional.