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Organizado por la Confederación Europea de Sindicatos, se celebró una reunión el día 5 de diciembre en Bruselas con el jefe de la Unidad de Empleo del Semestre Europeo, Jeroen Jutt, y su equipo y con los sindicatos nacionales de Rumanía, Lituania, Letonia, Italia y España.

En el caso español, los representantes de USO, CCOO y UGT, dividimos el tiempo de intervención para destacar que mientras el PIB español ahora es similar al que había antes de la crisis, el empleo no tiene el mismo nivel: hay un millón más de trabajadores en desempleo, hay medio millón más de trabajadores y trabajadoras con contratos a jornada parcial. Todo con un 25% de contratos temporales, incluyendo el sector público.

Además, ha habido una devaluación salarial sobrevenida por una reforma laboral donde se ha dado prioridad a los acuerdos de empresa sobre los sectoriales, ha facilitado la creación de empresas multiservicios o una política de concursos públicos donde se ha primado el precio sobre el mantenimiento de las condiciones laborales. Los dos aspectos, disminución de la cantidad de empleo y la reducción media salarial, han provocado un déficit en la Seguridad Social. En todo caso, no ha habido un cambio de modelo productivo y sí un reforzamiento de una economía fundamentalmente basada en una limitada complejidad tecnológica y escasa capacidad de incremento de productividad, basado en servicios de escaso valor añadido.

El avance económico que ha logrado igualar el PIB anterior a la crisis, pero con un aumento de la desigualdad, el de trabajadores pobres y carencias en los servicios públicos o en inversión pública e I+D, según la opinión compartida por los sindicatos españoles y transmitida a Jutt y su equipo, debieran ser un acicate para plantear distintas reformas. Desde un reequilibrio de la negociación colectiva que facilite un aumento salarial y una mejora de la demanda interior, hasta una política industrial y recuperar prestaciones sociales. Para esto último, los sindicatos creen que el Gobierno o gobiernos autonómicos no deben confiar sólo en la inercia de un crecimiento económico o aprovechar el aumento de ingresos fiscales para, sin haber recuperado las prestaciones sociales, sanidad, educación, dependencia o escuelas infantiles, reducir impuestos. Se insistió que las propuestas del Pilar Social o la necesaria política de inclusión debieran ser igual de preeminentes e integrados en las recomendaciones que hace la Comisión Europea al Gobierno español para mejorar un crecimiento más inclusivo.