Internacional

USO se adhiere al manifiesto del sindicalismo internacional para alcanzar un nuevo acuerdo de gobernanza mundial cuyos ejes deben orientar la política global

USO, junto con otros sindicatos de todo el mundo y el apoyo de la CSI, se ha adherido al manifiesto del sindicalismo internacional por una nueva gobernanza mundial. Así, se realiza un llamamiento a la acción frente a la hegemonía neoliberal dominante que, como en crisis anteriores, ha utilizado la pandemia como pretexto para retirar derechos sociales e imponer más precariedad laboral.

El derecho a la salud y la suspensión de las patentes; otro modelo de desarrollo; el empleo digno y con derechos y un nuevo acuerdo de gobernanza mundial, son los ejes que deben orientar las políticas de los gobiernos a nivel mundial.

Las primeras adhesiones al llamamiento son de Argentina: CTA-A y CTA-T; Bélgica: FGTB; Brasil: CUT y UGT; Colombia: CTC; Francia: CGT y CUSG, Guatemala: UNSITRAGUA; Haití: CTSP; Italia: CGIL, CISL y UIL; Costa de Marfil: UGTCI y CGTM; México: UNT; Marruecos: CDT y UMT; Níger: USTN; Perú: CAT; Senegal: UNSAS; España: CCOO, UGT, USO y ELA; Corea del Sur: KCTU; Túnez: UGTT; Venezuela: ASI; y de la Confederación Sindical Internacional (CSI).

Los trabajadores y las trabajadoras ante la coyuntura y la post-pandemia

La llegada de la crisis sanitaria se ha dado en un contexto de debilitación de las instituciones a causa de décadas de políticas económicas neoliberales que ha generado una concentración de la riqueza y una aceleración de las desigualdades nunca vista en la historia.

En este contexto, la pandemia está generando trágicas consecuencias económicas y sociales. Según la OIT, la jornada laboral total se reducirá un 10,5 %, lo que se traduce en la pérdida de 305 millones de empleos formales a tiempo completo. La crisis está impactando de forma más dramática a las mujeres, así como a las minorías y grupos vulnerables. Por su parte, los sectores económicos hegemónicos están imponiendo más trabajo precario y la retirada de derechos sociales.

A esto hay que añadir las condiciones en que se encuentran los trabajadores de las cadenas globales de producción, en las que millones de personas se hallan subcontratadas en condiciones precarias o excluidas de los mercados laborales. A esta precarización de las condiciones de trabajo se suma el desafío de la automatización, que afectará más severamente a aquellos países donde el nivel de desarrollo y acceso a las nuevas tecnologías es menor y donde existe una mayor explotación de la mano de obra, generando más pobreza en los países periféricos.

Para afrontar esta situación, sindicatos de todo el mundo se han unido para realizar un llamamiento; presentando una serie de propuestas que deben ser implementadas de inmediato para asegurar que se pueda superar la pandemia a nivel global al tiempo que se promueve la justicia social para los pueblos.

Propuestas globales frente a la crisis

  • Por el derecho a la salud como derecho humano y por la suspensión de las patentes de las vacunas y medicamentos contra el COVID-19. Por la efectiva transferencia de tecnología e insumos que permitan a los países la producción de las vacunas y medicamentos tan necesarios. Que esto se realice a través de los mecanismos previstos en las leyes nacionales o en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) con la garantía del acceso universal e inmediato a las vacunas y demás elementos
  • Para otro modelo de desarrollo:
    – por un desarrollo sustentable con democracia efectiva, transición justa y medidas de emergencia para salvar vidas, proteger el empleo y los ingresos. Con propuestas de reconversión industrial que tengan en cuenta la sostenibilidad y un sistema de producción que garantice una respuesta a la crisis climática y medioambiental; así como con una conversión de la industria militar en una industria civil sostenible y desarmada para construir derechos, democracia, cooperación y paz.
    – Llevar a cabo los ajustes necesarios en los sistemas normativos, fiscales, laborales y de protección social para incluir a los excluidos.
    – El fin de las privatizaciones y garantizar los servicios públicos de calidad y universales como la salud y la educación; así como la cancelación y la renegociación de las deudas del Estado para que las crisis de pago no limiten la respuesta esencial a la salud.
    – Y sistemas fiscales más justos a la par que se crean impuestos sobre los servicios digitales para los gigantes tecnológicos.
  • Por empleos dignos y plenos derechos:
    -Acceso a empleos decentes, derechos, protección social e ingresos. Por unas redes de seguridad social universales y unos ingresos mínimos garantizados. Poner en marcha inmediatamente planes de inversión para recuperar millones de puestos de trabajo perdidos o en riesgo.
    -El reconocimiento de los empleos esenciales como los de la economía asistencial, y la garantía de los derechos de los trabajadores en las nuevas formas de empleo relacionadas con la digitalización y el teletrabajo.
    -Que los avances tecnológicos redunden en una reducción de la jornada de trabajo con igual remuneración, manteniendo el empleo y no a la reducción de los puestos de trabajo, la precarización y la exclusión.
  • Por un nuevo acuerdo de gobernanza mundial:
    -Cumplir los compromisos adquiridos por los Estados que permiten el desarrollo sustentable. Cambiar el orden internacional y redefinir el multiculturalismo junto con un Nuevo Acuerdo de Gobernanza Global.
    -Acuerdos e instrumentos globales efectivos y vinculantes basados en las normas y derechos de la OIT, como la libertad de asociación y la negociación colectiva para acabar con las violaciones de los derechos humanos en las cadenas globales de producción y la agenda transnacional que sólo sirven a los intereses del capital.
    -El fin de los embargos y por la integración de los pueblos. La garantía de los derechos humanos y los escenarios de paz son esenciales para un nuevo comienzo justo y libre de violencia y guerras.
    -Nuevas reglas del comercio global enmarcado en el desarrollo sustentable, en la promoción de los derechos humanos universales y establecimiento de estructuras, políticas, procedimientos y recursos en todos los acuerdos y tratados que se negocien, que garanticen la participación concreta y eficaz de los interlocutores sociales y de la sociedad civil organizada.