Los trabajadores y trabajadoras tenemos razones importantes para rechazar el tratado comercial de la Unión Europea con Canadá (CETA) que actualmente debate el Parlamento Europeo. El CETA no es un mero acuerdo de reducción de aranceles, sino un tratado cuyos contenidos atañen a las posibilidades futuras de desarrollo económico y social en que se desenvolverán nuestras condiciones de vida y de trabajo. Y en este sentido el texto actual incorpora precisamente perspectivas lesivas para nuestros intereses.
USO no está ni mucho menos en contra del comercio internacional. Más bien al contrario, deseamos que el comercio sea el eje vertebrador de una globalización económica con Justicia Social que potencie el desarrollo sostenible, la erradicación de las desigualdades y la generalización del estado de bienestar para todos los pueblos del mundo. USO junto a otros muchos sindicatos del mundo queremos regular realmente la globalización, evitando que los intereses económicos se sitúen por delante de los intereses de las personas. Y esto también para el caso del CETA y de otros tratados comerciales como el TTIP, TISA, etc.
Actualmente la globalización que se desarrolla ante nuestros ojos mediante este tipo de acuerdos está marcada por el hecho de que las empresas multinacionales y sus cadenas de valor no están sujetas a comportamientos donde se garantice el trabajo decente y la prevalencia de los derechos humanos, incluidos los derechos laborales.
Por el contrario, la globalización está marcada por la financiarización de la economía, donde los paraísos fiscales son las cuevas donde las empresas multinacionales, sus accionistas, y personas sin escrúpulos, eluden y evaden los impuestos necesarios para un bienestar común.
Nuestras protestas han forzado, en estos últimos meses, a que los gobiernos hagan alguna concesión. Al texto del tratado con Canadá se ha añadido un texto interpretativo y se ha prometido, -todavía no cumplimentado-, la ratificación por Canadá de todos los Convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, como el de derecho de sindicación y de negociación colectiva que actualmente no tiene ratificado.
Pero siendo buenas las promesas, son insuficientes. Porque las pautas de los tratados siguen siendo las mismas, como la preeminencia de las empresas sobre los estados, los trabajadores y los consumidores. El precio es la única referencia, no cómo se produzcan los bienes y los servicios. Sigue habiendo una asimetría favorable a los intereses corporativos sobre los derechos de los trabajadores y ciudadanía, como por ejemplo acreditan estos contenidos del CETA y de otros acuerdos:
- Se establecen unos tribunales para resolver las diferencias entre inversores y estados que por sus características onerosas perjudican a la potestad democrática y capacidad de los estados para cambiar las leyes o revertir privatizaciones.
- Se acuerda un mutuo reconocimiento regulador, cooperación regulatoria, en materias fitosanitarias, etc., con lo que las reglas más débiles y perjudiciales para los usuarios serán las que prevalezcan.
- La falta de armonización laboral y social, incluso la inexistencia de libertad sindical o negociación colectiva, crea dinámicas empresariales ‘competitivas’ a base de menores salarios y condiciones socio-laborales.
- Es evidente que la preocupación por la protección del medio ambiente no está entre las prioridades.
- Se ponen en riesgo muy buena parte de las denominaciones de origen calificadas de nuestros productos, que anticipan una pérdida de empleo y oportunidades de desarrollo local.
- La privatización de servicios públicos es un objetivo evidente del CETA y de otros tratados.
Por todo ello, somos contrarios a que el Parlamento Europeo apruebe el tratado UE-Canadá en su totalidad, sin posibilidad de añadir enmiendas en las dos votaciones que celebrará próximamente, el día 24 de enero en la Comisión de Comercio, y el día 6 de febrero en sesión plenaria. Si fuera aprobado, amplias secciones del tratado comenzarían a aplicarse provisionalmente desde ese momento, antes de que sea votado para su ratificación final por los distintos parlamentos nacionales –y algunos regionales- de los estados miembros de la Unión Europea.
En la Unión Europea, más de 3,5 millones de personas han firmado una petición en contra del CETA y su tratado gemelo, el TTIP, que se negocia con Estados Unidos. Más de mil quinientos municipios y regiones se han declarado zonas libres del TTIP y CETA, defendiendo la democracia ante el asalto de las multinacionales.
Los intereses comerciales no pueden estar por encima de la democracia, los derechos de las personas y del planeta. Por eso, USO respalda las movilizaciones convocadas en toda España y en numerosas ciudades europeas, y decimos: ¡No al CETA! !No al TTIP!
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