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Este fin de semana, se ha celebrado en Madrid una reunión estatal de la Plataforma contra los Tratados de Comercio e Inversión y la Impunidad Corporativa, en la que participa USO, centrada en discutir las tareas a desarrollar en este ejercicio 2020.

La campaña, que dio comienzo cuando se estaban discutiendo los tratados entre la Unión Europea y los Estados Unidos (TTIP) y Canadá (CETA), nació para cuestionar la expansión de Tratados Comerciales y de Inversión que no tienen cláusulas sociales y ambientales efectivas y que, en su aspecto monetario, salvaguardan los intereses de los inversores frente a los estados, incluyendo sistemas de arbitraje privados en las disputas. Este sistema permite eludir la aplicación de la justicia ordinaria y condicionar la soberanía nacional de los países.

El TTIP ha quedado de momento en suspenso, después de un largo periplo y con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los EEUU. El CETA (que es mixto, comercial y de inversiones) ya ha entrado en vigor en su parte comercial, aunque tiene pendiente de aplicación la otra parte sobre inversiones hasta que los parlamentos nacionales concluyan su discusión (España ya lo ha aprobado pese a la oposición sindical y social).

La reunión de la plataforma ha tenido una primera parte de evaluación del trabajo desarrollado, con la entrega de firmas opositoras (más de 800.000 en toda Europa) en diferentes parlamentos, entre ellos en el Congreso de los Diputados español. También se han abordado cuestiones como la difusión de materiales y actos, la discusión sobre la coyuntura política actual o la permeabilidad del actual Gobierno a las demandas de la Plataforma; y se ha ofrecido información relativa a la política estratégica de la UE para lograr este tipo de acuerdos comerciales y de inversión con cuantos más países o espacios económicos posibles, sin modificar el contenido vaporoso de cláusulas sociales y ambientales, no ejecutivas, ni sancionadoras en caso de incumplimientos, ni variar el sistema para dirimir las disputas inversores y estados.

En una segunda parte, se ha analizado el desarrollo de instrumentos de control de buenas prácticas de las multinacionales que, en estos años, solo han experimentado tenues avances: una quinta sesión sobre la implantación de un tratado vinculante de multinacionales y derechos humanos, donde la UE y otros han vaciado parte del contenido inicial acordado, tras la falta de interés del actual gobierno de Ecuador, su país impulsor. Y, fundamentalmente, la confluencia desde diferentes actores para impulsar normas legales sobre la Diligencia Debida y que incluso sus órganos de implantación contasen con participación sindical.

Los países que tienen firmada la Carta de la Energía, como España, se ven obligados a resarcir cuantiosas indemnizaciones a inversores por el cambio de remuneración a las energías renovables a las que, cuando se estaban iniciando, se les fijó unas subvenciones que actualmente son desproporcionadas dada la mejora tecnológica, lo que repercute en el recibo de la luz. En este apartado, se ha visto la conveniencia de que España denuncie esa Carta de la Energía.

También se ha analizado la necesidad de incorporar en el argumentario sobre la oposición a los tratados comerciales la incidencia que estos tienen en agravar la situación del cambio climático. Un último punto de la reunión fue conocer la situación del potencial Acuerdo UE-Mercosur (Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil), en el que la libre exportación europea de productos industriales y de servicios, y la especialización productiva llevarían a la importación masiva de productos agroganaderos a Europa y su posible impacto en la agricultura familiar europea.