Joaquín Pérez y Sara García se reúnen con Félix Pantoja, nuevo fiscal de Siniestralidad Laboral para trasladar las propuestas de USO para proteger la seguridad y salud de los trabajadores
El nuevo fiscal de Sala Coordinador de Siniestralidad Laboral, Félix Pantoja, ha mantenido un encuentro con Joaquín Pérez, secretario general de USO; Sara García, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral y Julia Bermejo, responsable del Área de Laboral de la Asesoría Jurídica Confederal. Esta reunión se enmarca dentro de la ronda de contactos con organizaciones sociales y entidades para presentar los objetivos de la Fiscalía y analizar y valorar las propuestas en el ámbito de la salud y seguridad laboral de las organizaciones que estamos día a día en los centros de trabajo.
Han participado también en la reunión, Ángel Javier Muñoz y Elena Carrascoso, fiscales adscritos al fiscal de Sala de Siniestralidad Laboral.
Desde la Fiscalía de Siniestralidad Laboral se han transmitido los principales objetivos marcados para esta nueva etapa: ampliar los delitos del Código Penal en los que tienen competencia; potenciar la coordinación y el establecimiento de criterios de funcionamiento; ampliar las competencias del Ministerio Fiscal en la jurisdicción social desde la primera instancia, o abogar por unidades especializadas, entre otros.
Reivindicaciones y propuestas de USO en el ámbito de la siniestralidad laboral
El secretario general de USO, Joaquín Pérez, ha valorado la iniciativa y la predisposición de la Fiscalía “de escuchar a todos los actores implicados en algo tan fundamental como es la salud y la seguridad laboral. Según los datos de siniestralidad de los últimos años, es obvio que el sistema no funciona y que se deben adoptar medidas urgentes”.
Sara García, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral, ha sido la encargada de trasladar las principales reivindicaciones y propuestas que desde USO consideramos necesarias. En primer lugar, se ha trasladado al fiscal de Siniestralidad Laboral la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado para luchar contra la siniestralidad laboral y las Enfermedades Profesionales. “Hasta el momento, no se considera una prioridad ni un problema de estado. De considerarse cuestión de estado, podría hablarse de dotación presupuestaria y refuerzo de recursos humanos en Inspección de Trabajo, Institutos de Salud Laboral y en la propia Fiscalía”, ha destacado García.
Por otro lado, se ha coincidido en la importancia de visibilizar el problema de la siniestralidad laboral en los medios de comunicación y mediante campañas, “para que dejen de aparecer como un suceso puntual en algunos medios y se conciencie a la sociedad sobre la pérdida de vidas y dramas personales que causa el trabajo por la falta de prevención y seguridad”, apunta García.
Así mismo, desde USO hemos trasladado a la Fiscalía los problemas de salud mental que sufren muchos trabajadores, que se han visto aumentados con la pandemia, y la imposibilidad de su reconocimiento y prevención mientras no se regulen y se incluyan los riesgos psicosociales en el cuadro de Enfermedades Profesionales.
También hemos insistido en las carencias y problemas que USO ha detectado en cuanto a las diferentes formas que tiene la Fiscalía de conocer los accidentes de trabajo, establecer la gravedad de los mismos y poder definir la responsabilidad inherente. “Para abordarlas, es necesario una mayor coordinación entre administración médica, Mutuas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Inspección de trabajo, prevencionistas, representantes de los trabajadores y la propia Fiscalía”, ha defendido Sara García.
Se ha abordado el problema de la falta de investigación de los partes de lesiones leves, debido a la infradeclaración que emiten las Mutuas, apostando por una mayor coordinación con Inspección de Trabajo, para que les comunique los criterios que han creído oportuno aplicar para investigar 5.157 accidentes leves durante el año 2019. Estas investigaciones podrían derivar en algún tipo de responsabilidad de las Mutuas.
Por último, hemos trasladado los problemas para el reconocimiento del origen laboral de las dolencias, especialmente de las provocadas por riesgos psicosociales.
El encuentro ha terminado con el compromiso por ambas partes de seguir colaborando y compartiendo propuestas en pro de la seguridad y salud laboral de los trabajadores.
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