USO se suma a la campaña ‘No es sano’

4 septiembre, 2015 Desigualdad, sanidad, medicamentos Acción Sindical

La campaña “No es sano” busca sanear el modelo de innovación de los medicamentos. La iniciativa, promovida por una serie de organizaciones, a la que se ha sumado USO, pretende defender y promover el acceso universal a los medicamentos como parte indispensable del derecho a la salud.

El objetivo es, en el marco de las próximas elecciones generales, promover un debate público y político informado e impulsar el compromiso del gobierno, partidos políticos y otras instituciones por un cambio en el modelo de Innovación médica.

El modelo global de innovación y acceso a medicamentos está roto. En Europa, como en el resto del mundo, el precio de los nuevos fármacos crece cada año, amenazando la sostenibilidad de los sistemas de salud y obstaculizando el acceso de las poblaciones más vulnerables a tratamientos para enfermedades como el cáncer y la hepatitis C. Por otro lado, un sistema disfuncional de incentivos hace que no dispongamos de tecnologías sanitarias adecuadas y eficaces para enfermedades como el chagas o la malaria -que afectan fundamentalmente a países empobrecidos- o para amenazas globales crecientes como la multi-resistencia bacteriana.

Todo ello es resultado de un sistema de investigación y desarrollo ineficaz y costoso que en ocasiones está más interesado en proteger los derechos de propiedad intelectual que en garantizar la innovación de interés público y el acceso a los medicamentos. Esta situación es insostenible. Se necesita con urgencia una reforma del sistema que garantice el derecho a la salud y el acceso de la ciudadanía a los medicamentos que necesita a un precio asequible, al tiempo que reconoce el legítimo derecho de las compañías farmacéuticas a un beneficio razonable por su actividad.

Para alcanzar estos objetivos, la campaña hace un llamamiento al Gobierno, partidos políticos y a otras instituciones para que adopten medidas concretas:

El primer paso es la introducción de transparencia en el sistema y garantizar un debate público informado. La sociedad tiene derecho a conocer:

Los precios reales de transacción en la compra de medicamentos por parte del sistema público de salud.
El detalle sobre las inversiones públicas e incentivos fiscales en I+D para conocer la trazabilidad de aquellos proyectos que resulten en tecnologías sanitarias comercializadas.
El detalle sobre todos los datos clínicos así como los resultados y estructura de costes de los productos farmacéuticos financiados total o parcialmente con dinero público.
La evaluación de tecnologías sanitarias para garantizar que solo se financien con dinero público aquellos medicamentos que tengan una ventaja terapéutica añadida.
El detalle sobre el proceso de elaboración de las normas y leyes que afecten a este sector, incluyendo la exposición del personal de la Administración y del órgano legislativo a diferentes actores que intervienen en él y la declaración de conflictos de interés por parte de los participantes en la toma de decisiones.

Es preciso introducir criterios de interés público para toda inversión realizada por el Estado, que afectan al precio final de los productos, el acceso de pacientes a ellos e, incluso, la propiedad misma de la innovación.

Es necesario promover iniciativas de I+D basadas en nuevos modelos de innovación que no dependan exclusivamente de las patentes como incentivo a la investigación y modelo de negocio y que garanticen la cobertura universal de pacientes y enfermedades.