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En USO y más de 170 organizaciones urgen al Gobierno a proteger la directiva europea contra intentos de desregularización que amenazan su eficacia

La Unión Sindical Obrera (USO) ha firmado, junto a más de 170 organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, activistas climáticos y defensores de los derechos humanos, una carta dirigida al Gobierno español en defensa de la Directiva sobre Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad (CSDDD). Este documento, fundamental para garantizar que las empresas identifiquen, prevengan, mitiguen y reparen las violaciones de derechos humanos y los daños ambientales, enfrenta amenazas de desregulación.

La preocupación surge ante la iniciativa “ómnibus” anunciada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que plantea revisar pilares clave del Pacto Verde Europeo. Según la carta, este enfoque podría debilitar significativamente la normativa, en lugar de simplificarla, poniendo en riesgo décadas de avances en derechos humanos y sostenibilidad.

Las demandas al Gobierno español

Las organizaciones firmantes, incluida USO, solicitan al Gobierno español:

  • Defender la CSDDD ante la Comisión Europea: esta directiva debe quedar excluida del proceso “ómnibus”, para evitar cualquier intento de diluir sus contenidos fundamentales.
  • Continuar con la transposición nacional. Es clave que España mantenga el calendario previsto para implementar esta directiva, reafirmando su compromiso con los principios de sostenibilidad y derechos humanos.
  • Garantizar transparencia y evidencia en las decisiones europeas. Reclamamos un enfoque basado en pruebas y consultas inclusivas, evitando procesos que favorezcan únicamente los intereses empresariales.

Importancia de la Directiva de Diligencia Debida

La CSDDD representa un avance significativo tras más de cinco décadas de debate sobre la responsabilidad corporativa en derechos humanos y sostenibilidad. Esta directiva obliga a las empresas a adoptar medidas concretas para:

  • Identificar riesgos en sus operaciones.
  • Prevenir y mitigar impactos negativos en derechos humanos y el medio ambiente.
  • Reparar las violaciones que puedan derivarse de su actividad.

Desde USO recordamos que este marco normativo protege a las personas y el planeta y, también, ofrece ventajas competitivas a las empresas a largo plazo. Según un informe de la Comisión Europea, la directiva de diligencia debida no genera distorsiones en la competitividad de las empresas y prevé impactos positivos en el medio y largo plazo.

Riesgos de retroceso

También, la carta denuncia la falta de transparencia en las consultas del proceso “ómnibus”, que favorecen desproporcionadamente al sector empresarial. Además, advierte sobre los riesgos de que esta iniciativa se convierta en un proceso de desregulación que debilite las protecciones actuales en derechos humanos y sostenibilidad ambiental.

El sindicato USO, como parte de este llamamiento conjunto, reafirma su compromiso con la defensa de una legislación robusta que priorice a las personas y el planeta por encima de los intereses empresariales.