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La USO se ha sumado a las reivindicaciones de Alianza contra la Pobreza y la Desigualdad en las que se reclama al Gobierno y a todos los actores implicados en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 una serie de compromisos para reforzar la protección social, la cooperación para el desarrollo y la justicia fiscal. Compartimos con Alianza la convicción de que los PGE deben tener como prioridad mantener y aumentar los derechos humanos, económicos y sociales de todas las personas.

Hoy se han entregado, en el registro del Ministerio de Hacienda, más de 15.000 firmas de personas y organizaciones que apoyan una batería de propuestas para que los Presupuestos Generales del Estado 2018 no dejen atrás a nadie y garanticen la redistribución. Entre los firmantes está Joaquín Pérez Silva, secretario general de la USO.

Por ello, en el ámbito de la protección social, reclamamos ampliar las inversiones en Educación y la puesta en marcha de medidas eficaces para la protección de la infancia, para reducir el desfase con la media europea; incrementar las inversiones en sanidad y anular el RD 16/2012 para restaurar la sanidad universal; recuperar los presupuestos para las políticas de igualdad de género y los planes contra la violencia de género; ampliar las medidas de protección del desempleo y la protección socio-laboral; elevar la Renta Mínima de Inserción, cumpliendo la Ley de Prestación de Ingresos Mínimos o Renta Mínima Garantizada; y cumplir la ley de dependencia y pagar las ayudas que se recogen en la misma.

Entre las peticiones que apoyamos se encuentra también la de recuperar el presupuesto de cooperación para el desarrollo en todos los niveles (estatal, autonómico y local) en línea con el compromiso con el 0,7% de la renta nacional bruta, o el PIB en el caso autonómico. Y que, de forma progresiva, la Ayuda Oficial al Desarrollo alcance el 0,4% de la renta en 2020, en el ámbito estatal, y que se aumente significativamente la ayuda humanitaria, alcanzando el 10% de la Ayuda al Desarrollo, más aún en el contexto de emergencia.

Con el objetivo de garantizar la redistribución de la riqueza, se propone aprobar una ley contra el fraude fiscal que vaya encaminada a erradicar los paraísos fiscales, la lucha contra la evasión de capitales y contra la corrupción, así como implementar de forma inmediata el Impuesto sobre las Transacciones Financieras.