Tras la reciente condena del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) a España por no proteger a Ángela González, víctima de violencia de género y a su hija, asesinada en 2003 por su padre, USO solicita al Gobierno que incremente el presupuesto destinado a la prevención de la violencia machista, así como que no se produzcan nuevos recortes en las partidas destinadas a la prevención de la violencia de género.
Hace unos meses, España se adhirió al Convenio Estambul sobre Prevención y Lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica y, a pesar de aprobarse la Estrategia Nacional contra la Violencia de Género 2013-2016 con un presupuesto de 1.500 millones de euros, el presupuesto destinado a los programas de lucha contra este tipo de violencia se han rebajado un 1,5% en 2014.
El Convenio Estambul define la violencia contra la mujer como una violación de los derechos humanos y como una forma de discriminación, considerando responsables a los estados si no responden de manera adecuada. Igualmente, contempla como delito todas las formas de violencia contra la mujer: la violencia física, psicológica y sexual, incluida la violación; la mutilación genital femenina; el matrimonio forzado; el acoso; el aborto forzado y la esterilización forzada.
El convenio recoge medidas ya consolidadas en España como la formación de los distintos colectivos de profesionales que intervienen en las situaciones de violencia de género, el teléfono 016 y un sistema de información estadística de datos relativos a violencia de género, pero requiere de un especial esfuerzo, por parte del Ejecutivo, para la protección del derecho de todos a vivir a salvo de la violencia y para impulsar medidas de protección a las víctimas, como es el caso de Ángela González.
Condena a España en materia de protección a las víctimas de violencia de género
En los últimos días hemos conocido la condena de la ONU a España por no proteger a Ángela González, una mujer víctima de violencia de género y a su hija, de siete años, a la que el maltratador asesinó en 2003 en una de las visitas pautadas en el régimen de separación. Ángela González había denunciado a su ex marido en 30 ocasiones por amenazas y agresiones y se había opuesto a que viera sin supervisión a la niña. El CEDAW ha emitido un dictamen vinculante condena a la Administración española a indemnizar a Ángela y expone que el Estado español actuó de manera negligente puesto que no ofreció protección ni a ella ni a su hija ni la indemnizaron por el daño irreparable sufrido.
USO considera que, con esta sentencia, se dejan en evidencia las deficiencias de los mecanismos de protección a las víctimas de violencia de género y constata que aún hay mucho camino que recorrer en la salvaguarda de los derechos de éstas. Por ello, solicitamos una revisión urgente de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género pues se pone de manifiesto la existencia de lagunas que deberían contar con especial atención como la custodia, los puntos de encuentro, la protección de los menores o la protección judicial.
Contra el recorte en prevención y asistencia
Según recientes datos del Consejo General del Poder Judicial, las denuncias por violencia de género en nuestro país han registrado un descenso de un 9,3% desde 2008 hasta 2013, descenso que viene provocado, no por un descenso de este tipo de violencia, sino por la situación de crisis económica que agrava aún más la dependencia económica de las víctimas y les impide poner fin a esa situación.
En lo que va de año, 32 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas, unos datos alarmantes que no hacen más que incidir en la necesidad de contar con medidas de prevención, asistencia y protección hacia todas aquellas víctimas de violencia de género para la eliminación total de la violencia machista, donde primen las necesidades de las víctimas y no los presupuestos en crisis de un gobierno.
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