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USO y Sitcpla acudirán en los próximos días a una reunión de mediación con el Tribunal Laboral de Canarias tras la demanda conjunta interpuesta por ambos sindicatos contra Ryanair por el intento de traslado forzoso de parte de la plantilla de Gran Canaria y Lanzarote a otras bases, sin especificar siquiera si serán en España o en otros países.

“Varios directivos de la compañía se presentaron en las bases de Gran Canaria y Lanzarote para informar de que, por motivos comerciales, van a reducir un avión en cada base, debiendo prescindir del personal correspondiente, sin especificar cuántos. Y que todo el mundo debía remitir antes del 5 de febrero una lista con sus tres preferencias de destino, sin concretar siquiera si en España o en el resto de Europa”, resume Jairo Gonzalo, secretario de Organización de USO-Ryanair. “A esa irregularidad en la comunicación, se une que aún no lo han formalizado por escrito, que no han justificado con una memoria económica las motivaciones del recorte ni han elaborado una lista de afectados. Han pedido a todos por igual las preferencias, sin tener en cuenta antigüedad o situación familiar, y el traslado se llevará a cabo en mitad del curso escolar, a finales de marzo”, continúa.

“Esto es un ataque en toda regla a los trabajadores que más activos se mostraron durante el período de huelgas y negociaciones, y un escalón más en la particular guerra que Ryanair ha abierto contra Canarias. Primero hemos tenido que escuchar a su presidente desprestigiando de forma grotesca nuestra Comunidad y ahora se ensaña con los tripulantes canarios a pesar de que es uno de sus principales mercados y que se embolsan millones de euros cada año con las subvenciones de insularidad”, ataca Gonzalo, tripulante de la base Tenerife Sur.

“Ryanair se olvida de que ya está bajo la legislación española gracias al acuerdo firmado por SITCPLA y USO después de agotadores meses de negociaciones. Ahora vamos a pedir la nulidad del traslado forzoso en la mediación y, de no recibir respuesta por parte de la empresa, la demanda seguirá su curso en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Según calculamos, la medida podría afectar a unos 50 trabajadores, entre 20 y 25 por cada una de las dos bases”, concluye.