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El acceso de la juventud a la vivienda, problema de fondo que una nueva crisis magnifica

España dedica únicamente el 0,1% de su PIB a políticas de viviendas. Esto supone una cuarta parte de la media europea. Mientras que en nuestro país las viviendas sociales representan únicamente el 4% del parque total del alquiler, Holanda lidera la lista con el 37,7%; Dinamarca, 21,2%; Austria, 20%; Reino Unido, 16,9%; y Francia, 14%. Además, las webs y aplicaciones han transformado el mercado del alquiler y sus usos, y han generado verdaderos problemas en zonas concretas.

Las medidas tomadas hasta ahora por el Gobierno, con reales decretos a corto plazo, son positivas, pero no dejan de ser medidas para salir del paso: moratorias temporales, carencias pactadas o avales a líneas de préstamos o liquidez, entre otros. Y, además, la garantía de los propietarios arrendadores de los alquileres en el caso de que a los arrendatarios les vaya mal. Sin embargo, el problema de fondo sigue sin resolverse.

El derecho a la vivienda aparece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Carta Social Europea y en la Constitución Española. Pero, en el caso de la juventud, se incumple de forma sistemática. Al menos dos generaciones de jóvenes ven muy lejos el poder disponer de una vivienda digna sin que tengan que invertir (en el caso de que lo tengan) un porcentaje desorbitado del salario. Esto aleja la realización de un proyecto de vida o tener hijos, si lo desean.

Medidas concretas que USO pide para facilitar el acceso a la vivienda de la juventud y de otros colectivos golpeados por las crisis

“El problema de la vivienda compete a todas las administraciones, no pueden pasarse la pelota. Tanto Estado como comunidades autónomas y corporaciones locales se reparten las materias de urbanismo, suelo y vivienda. Pero pedimos un primer paso del Gobierno en cuanto a cambios trascendentes en la Ley del Suelo Rehabilitación, Ley de Arrendamientos Urbanos o de Propiedad Horizontal, entre otras. Los datos de emancipación no dejan lugar a dudas sobre la relación directa entre esta y el precio de la vivienda. Con la actual situación de crisis, y previendo una lenta recuperación que golpeará en mayor o menor medida a todos los sectores, desde USO solicitamos una intervención inmediata con medidas concretas”, expone Joaquín Pérez, secretario general de USO. Estas medidas pueden resumirse en cinco grandes líneas:

  • Limitar el precio del alquiler máximo en determinadas zonas. Debe medirse en referencia a la renta media y poner topes en las que pudieran ser de uso turístico en función de los territorios.
  • Fomentar políticas de planes de alquiler público y social. Pueden establecerse incentivos concretos a las corporaciones o como base de méritos u obligación para poder acceder a suelo o a obra pública por parte de empresas o cooperativas.
  • Legislar para que pueda paralizarse la ejecución hipotecaria o el corte de suministros esenciales en el caso de personas insolventes en situación de pobreza demostrable. Establecer nuevos planes de pagos en los procedimientos judiciales según las circunstancias particulares.
  • Facilitar la rehabilitación de viviendas para familias en situación de pobreza y exclusión demostrada, para que estas puedan disfrutar de unas condiciones dignas.
  • Fomentar la garantía de cobro por parte del propietario con fórmulas de alquiler seguro. Buscar que la demanda no supere a la oferta y contemplar a la vez ventajas fiscales si se trata de alquiler joven.

La crisis sanitaria es el peor momento para subir los precios de los alquileres sociales

El informe del Banco de España sobre “El mercado de la vivienda en España entre 2014 y 2019″ introduce la conclusión velada de que subir el precio de los alquileres sociales es la única forma de contener una subida generalizada del mercado de la vivienda. Sin embargo, pensar precisamente en estos momentos en subir este tipo de rentas, destinadas a los colectivos más desprotegidos, es totalmente descabellado.

La crisis sanitaria se ha cebado con colectivos vulnerables y, entre ellos, el de la juventud. La juventud vio cómo sus oportunidades de crecimiento económico se vieron sesgadas con la crisis de 2009: empeoraron sus condiciones laborales entonces y se acrecentaron con la reforma laboral de 2012. Ahora, cuando parecía que estaban tomando oxígeno, los azota la crisis sanitaria. La alta temporalidad de los contratos, los salarios bajos, la máscara de falsos autónomos… son algunas de las características recurrentes de los contratos de trabajo de las personas jóvenes. Esta crisis no ha hecho más que ahondar en esa precariedad que llevan implícita.

Por primera vez en la Historia, las personas de hasta 35 años se han visto afectados por dos crisis de gran repercusión económica. Esto ha sesgado sus oportunidades de crecimiento personal y económico.

En nuestro Informe de Juventud de 2019 vimos la relación directa entre tipo de contrato y emancipación. En él se refleja que España se situó en 2019 en la peor tasa de emancipación, pero también que se está retrasando la edad a la que la juventud se emancipa. Si esto ocurría en 2019, diez años después de la última crisis económica, no podemos ni vaticinar el impacto en la tasa y edad de emancipación juvenil que van a tener los efectos socioeconómicos de la crisis sanitaria.

Los salarios de la juventud, más bajos que en los pasados años 90

Haciéndonos eco del informe “Tendencias laborales intergeneracionales en España en las últimas dos décadas”, vemos además que el salario de una persona de 30 años en la actualidad es inferior al de otra de 30 años en 1990. Esa diferencia salarial no se llega a igualar con el paso de los años. Según se observa en dicho informe, las personas jóvenes de los ’90 tenían salarios más altos que las de los años 2000.

Estamos entonces ante un empobrecimiento generacional. Por eso, pensamos que medidas como aumentar el precio de los alquileres sociales no es la política más apropiada en este momento, ya que eso disparará a su vez el precio del alquiler de la vivienda libre.

Los alquileres sociales deben cumplir la función de dar habitabilidad a aquellos colectivos vulnerables que tienen problemas de acceso a una vivienda. Y esas condiciones no pueden modificarse con una subida de precios o con la venta de esas viviendas a fondos buitre, como ha pasado en grandes ciudades.

Países como Portugal han puesto precios máximos de alquiler según ciudad y metros cuadrados de la vivienda. Ese tipo de medidas sí favorecen el acceso al alquiler. Además, se evitan abusos como los que vemos en muchas de nuestras ciudades. “Unos precios de alquiler en viviendas públicas que tengan un carácter social y un precio máximo de alquiler para vivienda libre, marcado por el Gobierno, fomentaría el uso del alquiler en nuestro país y las oportunidades de emancipación para colectivos vulnerables y jóvenes serían mayores”, apunta Pablo Trapero, responsable del Departamento Confederal de Juventud de USO.

La mujer, otra diana de vulnerabilidad en todas las crisis

La Secretaría de Formación Sindical e Igualdad realiza otra observación sobre ese estudio, que podría ser utilizado como guía de políticas de vivienda y que tiene, a nuestro parecer, muchos vacíos. Por ejemplo, “no está realizado con perspectiva de género. No diferencia los datos de acceso a una vivienda según hombres y mujeres. Es un dato importante, ya que las crisis afectan especialmente a las mujeres y un estudio con esa variable permitiría unos diagnósticos más precisos sobre los problemas actuales. Dispondríamos igualmente de herramientas más precisas para combatir las deficiencias detectadas y hacer un seguimiento de estas”, considera Dulce María Moreno, secretaria de Formación Sindical e Igualdad de USO.

Entre 2008 y 2013, durante la crisis financiera, los desahucios tuvieron una mayor incidencia en los hogares encabezados por mujeres, especialmente en familias monoparentales. La vivienda, señala Moreno, “es donde más visibilidad adquiere la feminización de la exclusión social”.

Los principales problemas en el mercado de la vivienda español para la mujer viene dados por la discriminación que sufre en el mercado laboral, con diferencias salariales entre hombres y mujeres que se perpetúan durante toda la vida laboral. Esto provoca a su vez inferiores cotizaciones con menores prestaciones por desempleo, incapacidades y jubilaciones. Por ello, es más difícil que se independicen, ya sea solas o con sus descendientes.

El enfoque de género en la política de vivienda en nuestro país es escaso, centrado casi exclusivamente en hogares monoparentales y en las víctimas de violencia de género. Por ello, no basta con insistir en la necesidad de una perspectiva de género en las políticas sociales en general, sino también en las de acceso a una vivienda.

El precio de la vivienda colisiona con las políticas para paliar el reto demográfico

A estas dificultades de la mujer para acceder a la vivienda se suma el sempiterno “parón durante la maternidad. Tras él, muchas se dedican tradicionalmente a los cuidados de menores y no vuelven a incorporarse al mercado de trabajo. Su posibilidad de independencia queda anulada por los bajos ingresos y se le suma el precio de la vivienda. Para muchas personas, especialmente en grandes ciudades, el acceso a una obliga a contar con dos salarios en el hogar. Y no poder prescindir de ninguno de ellos frena el deseo de tener hijos. Las parejas se ven en la obligación de renunciar a esa posibilidad o a posponerla”, añade Dulce María Moreno.

España, un país envejecido y con difícil relevo generacional, afronta “una más que previsible caída de la natalidad en los próximos dos o tres años. Si para muchas personas ya suponía un auténtico reto pensar en criar hijos con soltura, la incertidumbre sociolaboral de esta crisis se traducirá en que se lo piensen aún más. La natalidad no es cuestión únicamente de cada familia, sino un problema social. Va por delante la decisión de cada persona de tener o no tener hijos, pero depende de nuestro estado del bienestar garantizar que quien quiera pueda tenerlos. Es un problema demográfico que hay que tratar como prioridad y una vivienda accesible es una medida central para afrontarlo”, concluye Joaquín Pérez.